PAN y PRD exigen examen médico a candidatos presidenciales

PAN y PRD exigen examen médico a candidatos presidenciales

Tras la puerta del poder Roberto Vizcaíno Como lo había adelantado Ricardo Anaya candidato de México al Frente (PAN, PRD y MC), ayer Marko Cortes coordinador de los diputados federales del blanquiazul y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, pidió a la Comisión Permanente emita un exhorto al INE para que exija un certificado médico

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Como lo había adelantado Ricardo Anaya candidato de México al Frente (PAN, PRD y MC), ayer Marko Cortes coordinador de los diputados federales del blanquiazul y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, pidió a la Comisión Permanente emita un exhorto al INE para que exija un certificado médico a los candidatos a la Presidencia de la República.

Y anunció que antes de que concluya la presente legislatura su partido presentará una iniciativa para que en la Ley Electoral se incluya como requisito un examen y certificado médico a los aspirantes a la Presidencia.

Ambas posturas fueron a su vez avaladas por el virtual coordinador de los diputados del PRD, el sonorense Jesús Zambrano.

Con esto, avanza en el Senado y la Cámara de Diputados el debate sobre el supuesto mal estado de salud de Andrés Manuel López Obrador quien, afirman datos no desmentidos, está sometido a una permanente revisión por un cardiólogo cubano radicado en Miami, Estados Unidos, y bajo medicamentos que alteran la capacidad mental en la toma de decisiones.

El asunto llegó ya al Congreso y ahora depende de sus integrantes tramitarlo para emitir una Ley y normas o requisitos que se ve difícil puedan influir ya en las elecciones del 1 de julio.

OTROS DEBATES ELECTORALES

A 3 meses y una semana de que concluya la actual legislatura, y con el nombramiento del Fiscal General de la Nación y del Fiscal Anticorrupción, así como la desaparición del Fuero en el congelador, con el presidente del Senado y de la Comisión PermanenteErnesto Cordero de viaje en Rusia, diputados y senadores debatieron ayer… sobre las elecciones.

Por ello, dijeron, “en busca de garantizar el avance democrático el próximo primero de julio”, la Comisión Permanente emitió ayer un exhortó al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales “a intensificar las campañas de información a la ciudadanía sobre los actos de coacción del voto, entre otras acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos electorales”.

Fuera de eso todos los verdaderos asuntos legislativos están detenidos.

A pesar de eso diputados y senadores asistentes a la sesión semanal de la Permanente encontraron con que si bien “el INE ha realizado campañas y publicaciones para informar de mecanismos que inhiban la coacción del voto, y de los medios de denuncia de delitos electorales”, los legisladores consideran que todo esto “se debe ampliar y precisar la información.

 “Con la adecuada información, el ciudadano puede denunciar todo acto que quebrante una efectiva realización del quehacer electoral, de la que todos los ciudadanos son parte y, en pequeña o gran medida, responsables de cuidar uno de los más importantes derechos y obligaciones que se les han conferido: el voto”, indicaron.

Ya metidos en el asunto electoral, senadores y diputados emitieron otro punto de acuerdo, éste dirigido a los 32 gobernadores a quienes pidieron evitar prácticas ilegales electorales y respetar las disposiciones que garantizan la equidad y la libertad del voto de los ciudadanos.

A los 2 mil 440 presidentes municipales existentes en el país los exhortaron a abstenerse de usar los escudos y símbolos de origen partidario en obras e inmuebles públicos y servicios relacionados a ellos.

Por qué no, pues ya andaban en lo electoral, también le exigieron a la Fepade que, en coordinación con el Instituto Electoral de la Cuidad de México, apuren las investigaciones por la presunta utilización de programas sociales con fines electorales en las delegaciones de Coyoacán e Iztacalco.

Y como ya lo habían hecho con gobernadores y alcaldes, a los titulares de las 16 delegaciones capitalinas les exigieron conducirse con respeto y apego a las disposiciones electorales y no intentar influir en el proceso electoral y respetar la libertad del voto de los ciudadanos el próximo 1 de julio.

La senadora Diva Gastélum, a nombre de la bancada del PRI pidió a la Fiscalía y al Instituto Electoral de la Ciudad de México confirmar si existe el uso de programas sociales con fines electorales.

 “Esperamos que no se solape una situación tan seria, porque se ve en todas las delegaciones, uso de programas sociales; es importante blindar el proceso electoral del 1 de julio”, indicó.

DESDE RUSIA

Durante una recepción de la Delegación Parlamentaria de la Federación de Rusia, encabezada por la vicepresidenta de la Duma Estatal de la Asamblea Federal, Olga Epifanova, el senador Ernesto Cordero consideró que ambas naciones comparten el anhelo por cumplir con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas respecto a las metas de desarrollo y prosperidad.

Cordero indicó que en los espacios en que coinciden –como en la Unión Interparlamentaria, la Organización de las Naciones Unidas o en el G-20– las posturas de México y Rusia son de países aliados, amigos que impulsan las iniciativas mutuas.

CON CORRAL, CHIHUAHUA, ¿TERRITORIO AUTÓNOMO?

Los habitantes de Chihuahua tienen cada vez más la impresión de que pudieran estar viviendo dentro de un reinado. El del monarca Javier Corralrey de horca y cuchillo.

Y es que el gobernante panista que está metido en una abierta contienda de poder con el Gobierno Federal y el Poder Judicial, todavía tiene para repartir leñazos contra la legalidad.

Por lo pronto la abierta e ilegal intervención del gobernador Javier Corral en el caso de Alejandro Gutiérrez, el exsecretario priísta detenido por un supuesto desvío de 250 millones de pesos depositados por la federación al gobierno anterior, a fin de utilizarlos en las campañas electorales del PRI en 2016 lo mantiene bajo el análisis y la mira de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal.

Ello porque Corral ha dado la instrucción a sus cuerpos policiacos estatales y a su Fiscal estatal, a César Augusto Peniche Espejel y a Juan Martín González Aguirre, responsable del Centro de Reinserción Social Estatal Número 1 en Aquiles Serdán, Chihuahua, a incumplir el traslado de Gutiérrez y otros presos a un penal federal ordenado por el Juez federal de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García.

Frente a este incumplimiento, el mencionado juez impuso una multa por 403 mil pesos y amenazó con utilizar incluso al Ejército para hacer cumplir el traslado de los presos mencionados.

Sin embargo, con otras argucias y chicanas Corral ha impedido que la orden del juez federal sea cumplida y mantiene prácticamente secuestrados en el penal del estado tanto a Alejandro Gutiérrez como a Antonio Tarín García y a Gerardo Villegas Madriles, ex directores de Adquisiciones y de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.

En este contexto Corral ha ordenado a su Fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel a presionar al Juez (federal) Sexto de Distrito, Héctor Manuel Flores Lara para que falle en una petición de amparo interpuesta por el empresario local Carlos Chavira.

Esta manipulación de la justicia –tanto lo de Gutiérrez como lo de Chavira-, tienen alarmados a ministros de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal encabezados por el ministro Luis María Aguilar Morales.

Hace unos días en un desplegado publicado en medios locales, el empresario Chavira le explica al presidente de la Suprema Corte que, desde octubre del 2011, enfrenta una persecución judicial, mediática y política iniciada por el entonces gobernador César Duarteque incluye amenazas a su integridad física y a la de su familia, intentos de extorsión y destrucción de su patrimonio, así como una campaña de descrédito, que lleva ya 7 años, en los que ha enfrentado y ganado 10 juicios abiertos en su contra, lo que a comprobado su inocencia, al obtener resoluciones jurídicas absolutorias.

El caso es que, luego de ganar cada uno, el gobierno del estado –primero encabezado por César Duarte y ahora por Javier Corral- ha iniciado inmediatamente un nuevo proceso con base en los mismos argumentos, y la misma documentación, utilizados en los anteriores juicios.

Una abierta y descarada persecusión política.

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