¡Los ojos de la capital!

¡Los ojos de la capital!

HHR ¡Reordenamiento histórico! Uno de los problemas históricos que ha padecido la Ciudad y ha sido contemplado, pero también utilizado para sus propios intereses grupos políticos, administraciones en el Gobierno de la capital y asambleístas locales, es el reordenamiento del comercio en vía pública que, sexenio tras sexenio prometen integrarlo a un marco jurídico claro

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¡Reordenamiento histórico!

Uno de los problemas históricos que ha padecido la Ciudad y ha sido contemplado, pero también utilizado para sus propios intereses grupos políticos, administraciones en el Gobierno de la capital y asambleístas locales, es el reordenamiento del comercio en vía pública que, sexenio tras sexenio prometen integrarlo a un marco jurídico claro bajo la premisa de proteger a quienes menos tienen.

Sin embargo, vienen y van diputados locales quienes utilizan a ese sector para sus fines políticos, con la condición de reconocerlos como trabajadores, pero sólo se queda en promesa y en la desgastante lucha que mantienen miles de personas quienes se resisten a ser expulsados del espacio público.

Por ello, la sesión del 3 de septiembre en el Congreso de la Ciudad de México podría ser histórica porque, como adelantan, la líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios, en conjunto con diversas asociaciones de comerciantes, conformaron una iniciativa de ley para el reordenamiento eficaz del comercio popular, mejor conocida como ‘Ley Chambeando Ando’.

Cuentan que dicha iniciativa ya tiene la aprobación del grupo mayoritario en el Congreso, pues adelantan que es acompañada por el morenista, Temístocles Villanueva, quien ha venido trabajando de cerca con los liderazgos de comerciantes en la capital, quienes a nombre de Diana Sánchez Barrios presentarán la iniciativa de ley ciudadana.

A PARTIR del 1° de septiembre, la fracción del PRD en Donceles y Allende tendrá un nuevo coordinador. El diputado Víctor Hugo Lobo Román trabajará por impulsar una agenda encaminada a transparentar los recursos presupuestales de toda la estructura de gobierno y evitar que los recortes al presupuesto se traduzcan en subejercicios perniciosos; blindar la procuración de justicia y de seguridad pública; y garantizar el desarrollo social, de salud y la equidad de género.

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