Protestas de líder Triqui ponen en riesgo de contagio a indígenas

Protestas de líder Triqui ponen en riesgo de contagio a indígenas

Las protestas a las que convoca Filemón Sánchez Pérez, dirigente de artesanos triquis, pone en riesgo la vida de los indígenas ante la expansión del Covid-19, pues realizan bloqueos y concentraciones. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, Rosa Ícela Rodríguez, el líder de ambulantes incluso podría estar incurriendo en delito por no acatar las

Las protestas a las que convoca Filemón Sánchez Pérez, dirigente de artesanos triquis, pone en riesgo la vida de los indígenas ante la expansión del Covid-19, pues realizan bloqueos y concentraciones.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, Rosa Ícela Rodríguez, el líder de ambulantes incluso podría estar incurriendo en delito por no acatar las medidas de Sana Distancia y evitar reuniones de más de 50 personas.

“Conforme han avanzado el número de contagios, pues es muy peligroso que se hagan concentraciones; además provocadas por los propios líderes en donde ya se les atendió, y se dieron los recursos para la comunidad.

“Pero, por ejemplo, en el caso de Filemón, el insiste en buscar a otras comunidades para traerlas a una hora determinada y concentrarlas; eso no está bien, porque ellos saben que hay un riesgo innecesario para las comunidades indígenas”, explicó.

Recordó que el propio gobierno ha atendido a los grupos indígenas en sus comunidades.

“Pero en el caso del compañero indígena triqui, Filemón…, sí es muy complicado para el gobierno ver que él hace las concentraciones a sabiendas de que no lo puede hacer porque pone en riesgo a los integrantes, pues algunos ya no son de comunidades indígenas sino son de grupos de comercio en vía pública a los que cita precisamente aquí en el Zócalo y hace esa concentración, poniendo en riesgo la vida de las personas.

“Nosotros siempre le hacemos un llamado responsable a que no lo haga, pero él ha insistido, así que si reiteradamente está cometiendo un delito; hay que decirlo así porque no quiere otra forma de apoyo a las comunidades, como permitirnos que nosotros vayamos a las comunidades”, enfatizó la funcionaria.

De hecho, ya existe una denuncia en la Fiscalía General de Justicia contra el líder de comerciantes triquis, Filemón Sánchez Pérez, pues desde el 31 de marzo, cuando el Gobierno capitalino prohibió reuniones de más de 25 personas durante la emergencia sanitaria, ha realizado por lo menos 10 convocatorias de comerciantes indígenas para marchas y protestas.

“El día 13 de abril de 2020, siendo aproximadamente las 06:30 horas en la localidad identificada como Plaza de la Mexicanidad, ubicada sobre avenida Pino Suárez, entre las calles de Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución un grupo de mas de 30 personas se reunieron sin guardar las debidas condiciones de sana distancia y sin el uso de cubrebocas, derivado de la convocatoria que les hizo el señor Filemón Sánchez Pérez.

“Así pues, Filemón Sánchez Pérez, a pesar de que ha estado siendo atendido por personal del Gobierno de la Ciudad de México, así como tener pleno conocimiento de que no es recomendable fomentar reuniones de grupos de personas, a sabiendas de la enorme posibilidad de contagio de COVID-19, convoca a personas con la finalidad de hacer presencia para gestionar apoyos económicos por la emergencia del COVID-19“, dice la denuncia.

En la denuncia se pide considerar el Código Penal local que establece como delito contra la salud el peligro de contagio.

El Artículo 159 señala que se impondrán de tres meses a tres años de prisión y de 50 a 300 días de multa al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro.

Durante el acto en el Zócalo, para gestionar apoyos económicos por la emergencia sanitaria, se lee en la denuncia, se violaron las disposiciones de sana distancia y el uso de cubrebocas.

“Consideramos se puede acreditar el delito de peligro de contagio en grado de tentativa, pues al convocar a diversas personas, sin respetar las medidas sanitarias correspondientes, se ha puesto en riesgo el bien jurídico tutelado que es la salud de las personas”, indica el documento.

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