Diputados aprueban dictamen para expedir Ley General de Mejora Regulatoria

 • Un parteaguas en pro del dinamismo y la competitividad del país: Dávila Flores

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo, (LIBERTADORMX / AMPRYT).—La Cámara de Diputados aprobó con 280 votos, un dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Mejora Regulatoria y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para establecer principios y bases a que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en la materia.

El documento enviado al Senado de la Republica para sus efectos constitucionales, emana de una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal.

Obliga a las autoridades de todos los órdenes de gobiernos, en el ámbito de su competencia, a implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios; organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria.

La ley será de orden público y de observancia general en toda la República en materia de mejora regulatoria. Inaplicable a materias de carácter fiscal tratándose de contribuciones y accesorios derivados directamente de aquellas responsabilidades de servidores públicos, Ministerios Públicos en ejercicio de sus funciones Constitucionales, ni a lo relacionado con actos, procedimientos o resoluciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Los beneficios: brindar seguridad jurídica para las personas; fomentar el establecimiento a nivel nacional de buenas prácticas internacionales; facilitar el cumplimiento regulatorio; proveer elementos que mejoren la calidad, viabilidad y confianza en las decisiones que tome el gobierno, contrayendo con ello, legitimidad, credibilidad y viabilidad a la normatividad, y otorgando mayor beneficio social con menores costos para las personas.

Generará una política de fortalecimiento institucional con normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes y predecibles; logrará coordinación entre autoridades; el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios permitirá concertar la información; facilitará a la ciudadanía hacer negocios y ayudará a contar con una política de Estado que genere crecimiento económico en el país.

Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), expresó que este documento fue consultado con los sectores empresarial, académico y gubernamental, y discutido en foros donde especialistas, académicos, funcionarios públicos, líderes de organismos empresariales y legisladores, coincidieron en la urgencia de generar un ordenamiento en esta materia.

En la actualidad, indicó, las barreras regulatorias se traducen en impedimentos para realizar las metas y objetivos de desarrollo del país.

La mejora regulatoria tiene como objetivos: propiciar la creación de espacios de desarrollo y competencia económica en el que se supriman cargas excesivas, garantizar la creación de reglas claras, contribuir al perfeccionamiento integral y permanente del marco jurídico y regulatorio a nivel federal, estatal y municipal, y brindar certeza jurídica.

La Ley General de Mejora Regulatoria significará un parteaguas en pro del dinamismo y la competitividad del país, al facilitar, reunir y simplificar en un Catálogo Único Regulatorio para los tres niveles y órdenes de gobierno, beneficios a todos los mexicanos.

Dávila Flores presentó una adenda al dictamen –aceptada por el Pleno cameral-, con el objetivo de que los sujetos obligados de la ley en los trámites y servicios no puedan fijar requisitos abiertos adicionales ni requerir a los ciudadanos documentación que ya tengan en su poder.

En los posicionamientos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (PES) señaló que uno de los principales obstáculos para que los mexicanos puedan emprender negocios tiene que ver con la gran cantidad de trámites que se deben de realizar. Ante ello, esta reforma propone centrar la política de mejora regulatoria en la simplificación administrativa y reducción de trámites.

De los efectos inmediatos que atraerá esta ley está el de reducir espacios a la corrupción. “Los retos regulatorios a los que nos enfrentamos actualmente no tienen precedentes, en gran medida debido al desarrollo que han tenido las tecnologías de la información. Las nuevas formas de proveer servicio son ejemplos de cómo la función regulatoria del Estado es de la mayor relevancia para promover un ambiente propicio para la innovación, protegiendo aspectos como la seguridad, salud e inclusión”, indicó.

Luis Manuel Hernández León, diputado de NA, expresó que es complejo en el país hacer trámites y se abren espacios para la corrupción ante la falta de normas claras, trámites y servicios simplificados e instituciones más eficaces. De acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), en México existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes y más de 130 mil trámites, aunado a una evidente falta de coordinación entre Poderes y órganos de gobierno.

Con esta ley se busca otorgar seguridad jurídica; crear un sistema nacional de mejora regulatoria y un catálogo nacional de regulaciones; homologa la implementación de la política en esta materia en todo el país e incentiva la participación de la ciudadanía. “Estamos comprometidos en generar condiciones favorables para el crecimiento de México. Contar con un sistema nacional que establezca la complejidad regulatoria que existe actualmente, es un gran paso para lograrlo”.

Por MC, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido dijo que el dictamen busca armonizar y depurar la regulación entre los tres órdenes de gobierno y se plantea crear un sistema nacional de mejora regulatoria, que evite duplicidad de requisitos y trámites.

Consideró que esta es la oportunidad de sentar las bases para fomentar y desarrollar la economía mediante estrategias de mejoras regulatorias, garantizando a los sectores productivos, un estado de Derecho claro, específico que le dé cobertura, incentivos al desarrollo y a la competitividad, combate a la corrupción y rendición de cuentas.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM) refirió que las regulaciones se han constituido en auténticas barreras para la realización de las metas nacionales en materia de democratización de la productividad y la competitividad, igualdad de oportunidades, sana competencia entre empresas y fomento económico.

Se pronunció a favor del dictamen al considerar que el país requiere hacer de la mejora regulatoria, una política de Estado y con esta ley se coadyuva a impulsar el crecimiento de la productividad y competitividad de la economía nacional, que se traduzca en un mayor crecimiento para la nación y cerrar espacios para la corrupción.

Jesús Serrano Lora, diputado de Morena, señaló que en México, los múltiples, heterogéneos y hasta “caprichosos” trámites que debe cumplir una empresa para poder iniciar actividades, implican tiempos y costos excesivos, que en muchas ocasiones llevan a los emprendedores, principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas a abandonar su proyecto.

Anunció que su grupo parlamentario votaría a favor debido a que es necesario dar coherencia y homogeneidad al conjunto de medidas y disposiciones que requiere el desarrollo económico; sin embargo, consideró que el dictamen no conforma una regulación que garantice el desarrollo integral y equilibrado que dice buscar.

El diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (PRD) aclaró que su grupo parlamentario comparte en gran medida el contenido de la Ley de Mejora Regulatoria; empero, “lo acotado de su alcance da pie a que se esfume la oportunidad de erigirse esta ley como un control externo o referente para mejorar la calidad de la regulación que emiten estas autoridades, así como contar con herramientas para monitorear el seguimiento y evaluación de los resultados de su función”.

Por tal motivo, se pugnará en lo sucesivo por que se retome la política regulatoria en una ruta amplia e integral, toda vez que hasta ahora su evolución ha sido de forma fragmentada y a diferentes velocidades a nuestro país, lo que ha inhibido su ineficacia.

Del PAN, el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar argumentó que esta ley es por mucho la reforma de mayor trascendencia en el ámbito económico y administrativo de los últimos años; dará más y mejores oportunidades de negocio, empleos, simplificación administrativa y menos trámites.

Si los objetivos de la ley se cumplen acorde a lo planteado, servirá directamente como un incentivo económico y de inversión a corto y mediano plazo, que repercutirá en mayor crecimiento económico y mayores oportunidades de negocio en el territorio nacional. “Acompañamos el dictamen, con la finalidad de consolidar la política pública de mejora regulatoria en este país”.

Fernando Uriarte Zazueta, diputado del PRI, reconoció la excesiva regulación que se tiene actualmente, la cual impide el desarrollo en su potencial tanto de personas como de empresas, sobre todo de las pequeñas. La complejidad regulatoria dificulta la armonización de las políticas públicas y la burocracia, “esta última propicia un ambiente para la corrupción, desincentiva a los emprendedores y no permite el crecimiento”.

Esta ley transversal obliga a todos, además contempla todo un ciclo de la gobernanza regulatoria que va a permitir normas más claras, procedimientos transparentes y predecibles. “Está diseñada para reducir trámites, bajar costos, incentivar la productividad, fomentar la participación ciudadana. Esta es una buena ley; es una auténtica reforma estructural, silenciosa, sin estridencias. Constituye un faro que nos va a guiar hacia mejores estadios de bienestar”.

Posteriormente, en votación económica se avalaron oficios de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones.

En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Se levantó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el próximo jueves 8 de marzo, a las 11:00 horas.