Incompletos los proyectos de ley general para erradicar la tortura, señalan expertos

tortura

Ciudad de México, 17 de febrero del 2016.- La iniciativa que envió al Congreso el titular de Ejecutivo federal en materia de combate a la tortura debe adecuarse a la realidad que padece el país, coincidieron diversos especialistas y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, durante el inicio de las audiencias públicas sobre la Ley General en Materia de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En el Senado de la República se encuentra el proyecto de decreto planteado por el Presidente de la República y una iniciativa de la senadora de la Peña Gómez; ambas deberán ser dictaminadas por las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y Estudios Legislativos.

Es necesario añadir a la iniciativa los llamados delitos autónomos o conexos --como el allanamiento de morada, al robo cometido por los servidores públicos, la extorsión, la falsedad, el abuso de autoridad, violación de correspondencia y la detención arbitraria-- porque constituyen un caldo de cultivo para la tortura, advirtió el ex integrante del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CATONU), Miguel Sarre Iguíniz.

Esto, durante la primera mesa de debate, titulada "Tipo penal, elementos, agravantes, atenuantes, autoría mediata en aparatos organizados de poder, exclusión de prueba ilícita, determinación de la carga probatoria".

Además, Sarre Iguíniz mencionó que se debe obligar al Poder Judicial a rendir cuentas sobre los resultados de las investigaciones de las denuncias que recibe por tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Añadió que no se necesitan proponer penas altas para castigar este delito, sólo basta con cumplirlas efectivamente.

Por su parte, Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señaló que en los titulares de los ministerios públicos debe recaer la responsabilidad en caso de que sus subalternos consigan pruebas mediante tortura; si no se cumple esta condición es como si no existiera el sistema acusatorio y adversarial, y viviéramos en el mundo de la impunidad.

Dijo que el proyecto de ley general debe especificar que cualquier funcionario público del Estado y los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser sancionados en caso de cometer este ilícito; además de que la pena debe incrementar en el caso de que se ejerza en contra de poblaciones vulnerables o causen la muerte de la víctima o la pérdida material o funcional de órganos vitales.

Julio Hernández Barros, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), comentó que las entidades federativas también deben aplicar con uniformidad los criterios de la ley, una vez que se apruebe, porque si no ocurre puede haber un gran desfasamiento, como ocurre actualmente con la Ley General de Víctimas, donde la Ciudad de México ni siquiera ha iniciado la actualización de su ley.

Dijo que en la Comisión están en contra de la admisión de cualquier prueba que implique violación a los derechos humanos, y de cualquier prueba que sea obtenida o derive de la tortura, pero sí consideran que deben admitirse las pruebas que fueron probadas de forma lícita; por lo que el papel del juez resulta clave para garantizar los derechos, tanto de la persona víctima de tortura como del afectado del delito.

En su turno, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el Senado de la República debe alejarse de la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo federal, porque es deficiente y no es adecuada para resolver el fenómeno de tortura que experimenta el país.

Dijo que la tortura en México es una práctica arraigada en las instituciones de procuración e impartición de justicia y, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, se han recibido cuatro mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 273 son atribuibles a personal de las Fuerzas Armadas; de éstas, sólo mil 884 se convirtieron en averiguaciones previas, que resultaron en sólo 11 consignaciones, cinco con sentencia, pero que no es posible conocer.

Carlos Ríos Espinoza, consultor externo, dijo que se debe poner atención especial en la tipificación para no crear un nuevo tipo penal. Advirtió que esto reduciría la gravedad del delito, y crearía la "condición inherente" de que la tortura debe producir sufrimientos graves para considerase como tal. Por ello, insistió en que se debe diferenciar entre tortura, por un lado y, por otro, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También explicó que la iniciativa debe establecer que un imputado por tortura no puede estar involucrado en las investigaciones, por lo que la víctima debe tener la oportunidad de solicitar una medida de protección y exclusión de agentes que puedan estar vinculados con un acto de tortura.

En la segunda mesa, "Investigación de la tortura, unidades administrativas especializadas (fiscalías), denuncia de tortura, registro (casos de tortura, detenidos, centros de privación de libertad)", Juan Pablo Pampillo Baliño, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuraduría de Justicia de la PGR, argumentó que la iniciativa del Ejecutivo federal propone la tipificación del delito de tortura, así como del de tratos crueles, o penas crueles, inhumanas o degradantes de manera autónoma, una opción "que creemos que sí puede resultar la más eficaz para cerrar cualquier brecha a la impunidad".

Además, enfatizó, en la propuesta se reconoce la imprescriptibilidad de la tortura, "un gran avance" que se incluyó por la petición unánime de expertos y representantes de organizaciones civiles, garantiza que las víctimas tengan la oportunidad de denunciarla y procura el derecho a la verdad.

La creación de unidades o áreas especializadas para su investigación, dijo, es otra aportación del proyecto del Ejecutivo. La uniformidad con la que se conducen las autoridades de la Federación y las entidades, agregó, en ocasiones no es la esperada y por ello debe ser por mandato de ley el que se homologue el esquema institucional y de capacidad de operación.

En tanto, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, destacó la importancia de diferenciar los casos de tortura y de tratos crueles, pues existe un deficiencia en el sistema para investigar y "acabar con la duda", y "hoy hay instituciones que desgraciadamente no gozan de la mejor reputación, lo cual han aprovechado algunos imputados y delincuentes" para reclamar que fueron objeto de este delito.

Consideró importante exigir que las detenciones sean filmadas para otorgar certeza jurídica a todas las partes, la necesidad de contar con un instituto independiente y autónomo para la elaboración de los exámenes y dictámenes, así como prohibir a las organizaciones no gubernamentales "que hagan negocios con las víctimas, ya que cobran cuotas litis en secrecía y esto se llama corrupción".

Para Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es indispensable que la ley general establezca las reglas mínimas para saber si una prueba fue obtenida bajo tortura, bajo los criterios mínimos establecidos por el relator de la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dijo que la autoridad judicial tiene la obligación de allegarse de todos los elementos relevantes para esclarecer el origen de la prueba, incluyendo darle a las partes la oportunidad razonable para aportar argumentos.

En su turno, Ernesto López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, reconoció que la tortura "es un fenómeno regular" y una representación simbólica del colapso de la autoridad del Estado.

Expresó que "ojalá se le dedicara a la ingeniería institucional tanto como le dedicamos al reforma legal, pues este país continúa produciendo reformas legales, quizás algunas extraordinariamente afortunadas como las de derechos humanos, pero la relación entre el estándar normativo y el de desempeño nos está haciendo agua de manera escandalosa".

En la tercer mesa "Mecanismo nacional para la prevención de la tortura, Protocolo de Estambul, peritajes independientes", Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resaltó la necesidad de fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para evitar violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de la personas.

Señaló que los tratos degradantes o inhumanos se pueden ver en los centros de reclusión, pues hay evidencia de que no existe suficiente personal, la infraestructura es deficiente, hay hacinamiento, se requieren mejores servicios para la atención de la salud y contar con condiciones mínimas para la estancia para los internos.

Javier Enríquez Sam, coordinador general del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C., manifestó que en México se mantiene la tortura generalizada, a pesar de la Ley que sanciona esta práctica, y mientras no se elimine la impunidad esta condición seguirá existiendo aun con un sistema robusto para su erradicación.

Dijo que la propuesta de Ley está por debajo de los estándares internacionales, ya que mientras el Protocolo de Estambul es una guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, en el proyecto de decreto "ni siquiera se menciona y lo baja a una valoración médica–psicológica".

Cifras de la Procuraduría General de la República del 2007 al 2014, dan cuenta de 637 dictámenes o evaluaciones médicas, de ellos solo 74 por ciento fueron positivos, 464 negativos y 99 malos tratos. De los positivos ninguno de los dictámenes tiene condenas por tortura en este país, señaló. "Si en México no se aplica bien la Ley, la vamos a llevar afuera".

Jesús Peña Palacios, represéntate Adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que la Ley debe mantener peritajes independientes, procurar la autonomía por parte de los peritos oficiales que practican el Protocolo de Estambul, se debe procurar que los peritos no pertenezcan a la misma institución cuyas autoridades sean investigadas por torturar.

A los organismos internacionales les ha preocupado la falta de capacidades del Estado mexicano, principalmente a nivel local en la aplicación del Protocolo, por ello la Ley debe establecer las condiciones para que todas las fiscalías y organismo públicos de derechos humanos cuenten con personal capacitado.

Respecto a los peritajes independientes, no se les deberá pedir requisitos más allá de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se debe establecer disposición alguna que establezca la supremacía de los exámenes practicados por peritos oficiales sobre los practicados por lo independientes.

Señaló que el Mecanismo debe gozar de autonomía financiera y de gestión, y su integración debe ser a través de un proceso público, transparente e inclusivo, donde participe ampliamente la sociedad.

 

 

 

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