SAT imparable en investigar apoyos a ONG´S en la Península de Yucatán

Organizaciones civiles como INDIGNACIÓN A.C., CEMDA, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras que reciben recursos del extranjero. Desde el 2017 están en la mira de Inteligencia financiera.

Desde el 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT), inició un programa de revisiones en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento; con la consigna especial de vigilar organizaciones sin fines de lucro; tambi la GAFI pidió indagar por las acciones de desestabilización y hasta de terrorismo, que pueden ser financiados por extranjeros.

Es por eso que, para el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es primordial la supervisión de las actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como “Ley Antilavado”; con ello ubicar y detectar la procedencia de recursos para financiar personas u organizaciones altruistas o defensores de los derechos humanos.

Razón por la cual, la Reforma Fiscal de López Obrador no es bienvenida precisamente por las organizaciones de la sociedad civil y la mayoría, sino es que todas las ONG’s la rechazan y están en contra de los cambios. Sobre todo donde la UIF investigará con todas las de la ley.

A través del SAT, se dijo que desde el 2017 se continuaría permanentemente ejerciendo las facultades de la dependencia a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.

Por lo tanto, el SAT también puso la lupa en las asociaciones filantrópicas; el órgano fiscalizador podrá dar de baja a las donatarias si reciben dinero de empresas “factureras” o recursos del extranjero, como es bien sabido llegan a miles de ONG’s en el país.

Hacienda puso en alerta a la UIF en 2019, luego de que más de dos mil organizaciones civiles realizaron operaciones con empresas factureras, organizaciones civiles e iniciativa privada extranjera; razón también que en agosto del 2020, el gobierno federal, acusó a nueve asociaciones civiles de oponerse al proyecto del Tren Maya, apoyadas por organizaciones internacionales como las fundaciones W. K. Kellogg, NED, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rockefeller, Climate Works y Ford.

Cabe destacar como las ONG opositoras del Tren Maya rechazaron la “estigmatización” por parte del Presidente de la República sobre la fuente de su financiamiento, y aunque no por eso el SAT se detendría, porque siguen en la mira de inteligencia financiera.

Algunas como Indignación A.C, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C; El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, reiteraron que estaban siendo objeto de difamación y hostigamiento.

Acusan que…En los últimos días han tratado, de nuevo, de confundir a los pueblos originarios con las promesas de un progreso que esconde lo de siempre: el colonialismo y el racismo que desde siempre hemos visto que ustedes resisten y combaten…Un presidente no puede hablarle así a las naciones indígenas que han cuidado y dado vida a este país. El presidente ha soltado palabras que no son verdaderas; sólo quiere defender su tren, parece que tiene miedo.

En ese marco inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que no sean utilizadas indebidamente por organizaciones extranjeras o criminales; fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.

El SAT también está vigilando el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, con la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar avisos; está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.

Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos, que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.

De acuerdo con la propuesta de Miscelánea Fiscal, el SAT tiene registro de que al menos dos mil donatarias han recibido recursos mediante empresas factureras, según el documento, esto representa un daño al erario.

Según el registro oficial del SAT, en México existen casi 14 mil 300 donatarias autorizadas para recibir recursos que son deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La propuesta también incluye obligar a que todas las compras que realicen las donatarias queden registradas en comprobantes fiscales por internet; en caso de que no exista un recibo fiscal que ampare la operación, los proveedores estarán obligados a pagar el impuesto.

“Esta medida propiciará que las personas morales con fines no lucrativos recaben el comprobante fiscal de sus operaciones; con lo que se evitará la evasión por parte de quienes les enajenen bienes o servicios”.

En agosto de ese año, el gobierno federal, acusó a nueve asociaciones civiles de oponerse al proyecto del Tren Maya; apoyadas por organizaciones internacionales como las fundaciones W. K. Kellogg, NED, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rockefeller, Climate Works y Ford.

En este sentido, la Fundación W. K Kellogg aclaró que mucho antes del desarrollo del Tren Maya; había apoyado organizaciones en el sur del país, que se esfuerzan por hacer que todos los niños puedan prosperar en las comunidades donde viven. “Las subvenciones que la fundación brinda en áreas de apoyo como salud; educación; producción de alimentos e interpretación de idiomas para el acceso a la justicia. También apoyan el trabajo en la defensa de los derechos humanos, los derechos indígenas y la protección del medio ambiente.

La Fundación W.K. Kellogg respeta la búsqueda activa de estos temas por parte de sus beneficiarios, según lo determinen, pero la fundación no dirige el uso de fondos”, aclaró la ONG.

Añadió que tiene presencia en México desde 1944 y apoya a más de 100 organizaciones del país. “El enfoque de la fundación en la península de Yucatán comenzó en 2010; ocho años antes de que iniciaran las conversaciones públicas sobre el Tren Maya”.

Sin embargo, la Reforma Fiscal de Andrés Manuel López Obrador no es bien vista por las organizaciones de la sociedad civil. El presidente obvia dos hechos clave; en primer lugar, el SAT recaba esta información por medio de un informe de transparencia que cada año las donatarias autorizadas deben entregar.

Este es un formato mal diseñado que categoriza como ingresos no relacionados con el objeto social todos aquellos que no sean donativos; sin embargo, suma también otros recursos que si están autorizados por ley como son: los apoyos o estímulos gubernamentales; la enajenación de bienes; cuotas de sus integrales; derechos patrimoniales derivados de propiedad intelectual, entre otros. Así, la exposición de motivos que sustenta la causal de revocación referida no solamente es infundada, sino que también es falsa.

En segundo lugar, ya hay leyes que prevén mecanismos para que las donatarias autorizadas no generen lucro. Por ejemplo, desde 2017, las organizaciones que deseen ser donatarias autorizadas deben reformar sus estatutos para incluir obligatoriamente una cláusula irrevocable para que, en caso de liquidación, su patrimonio se transmita exclusivamente a otra entidad autorizada para recibir donativos. Otro ejemplo, son las previsiones de prevención del lavado de dinero; en el caso de sospecha de lucro o lavado, la Unidad de Inteligencia Financiera deberá investigar.

El Informe de Transparencia refiere a la obligación de transparencia de las entidades autorizadas como donatarias autorizadas. El informe sirve para que sea de conocimiento público todo lo relacionado con los donativos deducibles que hubiese recibido la entidad.

Acorde con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está facultada para generar una publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la que haga del conocimiento del público general a los contribuyentes que hubiesen emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes; o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.