Analizará Poder Judicial inconstitucionalidad de los Libros de Texto de SEP ante viraje ideológico impuesto por la 4T
· El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa requirió a la SEP remitir el soporte documental que usaron para la actualización de los Libros de Texto de Primaria y Secundaria
· Revisarán que los contenidos sean constitucionales, que resulten consistentes con la Constitución y que no violen los derechos humanos de los menores
El Poder Judicial de la Federación admitió el amparo 568/2021 presentado por la Asociación Civil Suma por la Educación, como parte de la estrategia del Movimiento Nacional Educación con Rumbo, lo que implica la revisión de la constitucionalidad de los Libros de Texto Gratuitos de SEP ante el sesgo ideológico impuesto en estos materiales educativos por parte del gobierno del presidente López Obrador y la autoproclamada Cuarta Transformación.
El presidente de Suma por la Educación, Francisco Javier Landero Gutiérrez, señaló que este amparo es un precedente importante ya que el Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, se dará a la tarea de analizar la constitucionalidad del contenido de los Libros de Texto Gratuitos, esto a fin de asegurar que su educación no contenga ningún sesgo ideológico.
Landero Gutiérrez destacó esta acción del Poder Judicial ya que, consideró, desde que se anunció la modificación de los textos de SEP no hay información clara y concreta sobre cuál es el proceso para el diseño de los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos. No hay información pública, abierta y transparente, tanto del proceso de diseño gráfico como de los contenidos, que dé certeza ante su eventual modificación.
La modificación de contenidos de estos Libros, subrayó, debe ceñirse a procesos basados en criterios y principios científicos, blindados y libres de cualquier ideología, encaminados a la verdad y al aprendizaje, que son el fin principal de la educación: “la formación de ciudadanos responsables, participativos y libres”.
El presidente de Suma por la Educación y miembro del Consejo Directivo de Educación con Rumbo, indicó que para llevar a cabo un proceso de modificación de contenidos de estos Libros de Texto Gratuitos resulta necesaria la intervención de expertos, organizaciones sociales, maestros, padres de familia, comunidad educativa y sociedad en general, a fin de construir estos procesos de una forma ordenada, sistemática y abierta.
Por su parte, Miguel Ángel Ortiz Abogado Constitucionalista de la Firma Cuatrecasas destacó que la Secretaría de Educación Pública deberá remitir dentro de las 72 horas siguientes al Juzgado de Distrito los contenidos educativos y el soporte pedagógico de la modificación de los libros de texto gratuito a fin de que el Poder Judicial de la Federación corrobore que los contenidos resulten acordes al principio de interés superior del menor y del derecho de los menores a una educación científica, integral, inclusiva y libre de ideologías.
En virtud de lo anterior, Miguel Ángel Ortiz enfatizó que la Secretaría de Educación Pública deberá remitir al Juzgado de Distrito:
I. Las Secuencias curriculares o matrices curriculares, la seriación y diagramación previa para la elaboración de los libros de texto para educación Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2021-2022;
II. El contenido de los libros de texto gratuitos para educación Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2021-2022, que han sido desarrollados a la fecha;
III. Los convenios de confidencialidad suscritos con los redactores de los libros de texto para educación Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2021-2022; y,
IV. Los expedientes administrativos conformados con motivo de la elaboración de los libros de texto gratuitos para educación Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2021- 2022.
El especialista en Amparo explicó que éste es un precedente relevante, pues es el primer caso donde se reconoce a través del amparo indirecto el interés legítimo de padres de familia, asociaciones civiles y especialistas para asegurar que los libros de texto gratuito se apeguen a la Constitución.