Ejemplar condenas a ambientalistas de Greenpeace por delitos contra empresas
“Justas las sentencias, demostrada con los hechos; por las acusaciones desproporcionadas y abusivas de la actuación de Greenpeace; sus campañas; difamaciones; invasión; violentar los derechos en propiedad ajena y contra los derechos de las personas morales; de los derechos humanos y afectación a patrimonios de las empresas; usando la bandera y supuestas causas por la defensa del medio ambiente y la paz”. Muchos eventos son testimonios; donde a los activistas y a la ONG se le ha juzgado conforme a derecho y le han hecho justicia a empresas que han dañado con sus excesos e ilegalidades.
Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Cabe destacar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, donde todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición; por eso todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica: es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal; esta declaración esta basada de la ONU con la promoción y la protección de los derechos humanos con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres humanos. La primera, sin duda, es aquella más conocida y citada por todos.
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Toda empresa tiene el derecho legal y humano de enjuiciar a toda ONG que abuse y cometa delitos contra su patrimonio y sus trabajadores; implica que la empresa o persona jurídica debe adoptar una “comunicación abierta”, asegurando que todos los miembros e integrantes (ad intra y ad extra) de la organización reciban, en materia de respeto a los derechos humanos se aplique la ley conforme a derecho.
Evitar que la constitución mexicana sea letra muerta. Por eso resulta fundamental insistir en el contenido, alcances y efectos del artículo 1° de la Constitución General de México, donde se consagra que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías individuales para su protección. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El Estado Mexicano y las empresas, deben cumplir con sus deberes de prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en agravio de personas de carne y hueso, en los términos establecidos por la ley y de manera eficaz; así como también la Suprema Corte de Justicia lo aprobara para las personas morales. Nadie se escapa de la ley y nada quede impune y se haga justicia a las víctimas; a los agraviados. Para la ley no hay intocables y lo han probado con la aplicación de las leyes a Greenpeace por delitos cometidos a empresas y corporativos en el mundo. Aquí algunos hechos; pruebas de los excesos de Greenpeace.
Condenados cuatro activistas de Greenpeace por protestar contra la exportación ilegal de armas
El 14 de mayo de 2021, cuatro activistas de Greenpeace son condenados a un año de prisión por participar en una protesta pacífica contra la exportación ilegal de armas en 2018 en el Puerto de Bilbao, aunque no tendrán que entrar en la cárcel al acordarse la suspensión de pena, según ha informado la organización ecologista. Los hechos se produjeron en febrero de 2018; cuando un grupo de activistas realizó una protesta en el puerto de Bilbao “contra el envío ilegal de armamento a Arabia Saudí”, ha recordado Greenpeace. Cuatro de las personas que participaron en la acción de denuncia pacífica fueron detenidos y acusados de un delito de atentado contra la autoridad, “finalmente retirado”.
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Los cuatro activistas de Greenpeace, sobre los que pesaba una petición de la Fiscalía de tres años y medio de cárcel, han sido finalmente condenados a un año de prisión, aunque no tendrán que cumplir la pena después de que el juzgado la haya suspendido tras la solicitud del Ministerio Público y la defensa.
Según ha indicado la organización ecologista, la Fiscalía ha retirado la acusación de un delito de atentado contra la autoridad a cambio de la aceptación de los cargos de desobediencia y daños contra una embarcación de la Guardia Civil. Los cuatro activistas deberán pagar, además, multas por un importe total de algo más de 12.000 euros.
Greenpeace daña líneas de Nazca en Perú; condenan a activistas
En el 2015, el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, reconoció que aquella actividad fue un error. “Greenpeace nunca debió hacer la actividad en las líneas de Nazca”, aseguró, y adelantó que repararían el daño.
La justicia de Perú condenó a dos años y cuatro meses de prisión suspendida, no efectiva, y una multa de casi US$ 200 mil al activista de Greenpeace, el austriaco Wolfgang Sadik, como responsable por los daños a los milenarios geoglifos de Nasca durante una intervención en el 2014. Un tribunal de la ciudad de Nazca (450 km al sur de Lima) tomó la decisión contra el arqueólogo Sadik, quien asistió a la audiencia y se acogió al mecanismo de la conclusión anticipada del proceso.
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Reconoció ser el responsable de haber causado daños en la figura del colibrí, según Canal N de televisión, que difundió partes de la audiencia judicial. El ciudadano austriaco lideró el grupo de activistas de la ONG Greenpeace que dañaron las Líneas de Nazca en diciembre del 2014.
El caso contra Greenpeace se relaciona con uno de los mayores atentados contra el patrimonio cultural peruano: el ingreso ilegal de 12 activistas a un área de 40m2 donde está el geoglifo del colibrí, en la cual fueron colocadas 45 telas amarillas con el mensaje “Time for Change! The future is renewable, Greenpeace” (¡Tiempo de cambio! El futuro es renovable, Greenpeace).
Los hechos ocurrieron durante la Conferencia de la ONU sobre el clima que se desarrolló en Perú aquel año.
Francia: condenan a Greenpeace por publicar mapa con cultivos de OGM
27 julio 2006 La organización ecologista Greenpeace fue condenada hoy por un tribunal francés a retirar de su página web un mapa con datos de campos del país en los que se cultiva maíz transgénico.
El Tribunal de Gran Instancia de París aceptó la petición de los denunciantes, dos agricultores franceses que consideraban que la publicación del mapa aumentaba el riesgo de que sus plantaciones fueran atacadas por opositores a los organismos genéticamente modificados (OGM). La organización ecologista defiende la publicación de datos porque obliga a ello la directiva europea 2001/18, que Francia todavía no ha transferido a su legislación nacional tres años después de su aprobación.
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Tres semanas después de la difusión del mapa Greenpeace había retirado el nombre y apellidos de los propietarios de las fincas como un gesto para calmar los ánimos, pero no el resto de datos, por considerar que responde a lo previsto por la directiva.
‘Ninguna disposición de la directiva europea 2001/18 justifica el gesto de Greenpeace’, ha estimado, por el contrario, el juez.
Este ha obligado a retirar ‘el nombre, apellidos, coordenadas GPS de sus campos y localidad de implantación’ de los demandantes por ‘atentar contra su vida privada’ y ha apuntado que ‘existía un riesgo inminente’ de sabotaje a los campos, explicó la abogada de ambos agricultores, Mai Le Prat.
El juez ‘impide publicar a Greenpeace unos datos que una directiva europea obliga a hacerlo a Francia’, ironizó Apoteker, quien cree que la sentencia ‘refuerza la impunidad de quienes quieren imponer los OGM a los franceses’.
‘Si Francia hubiera transferido la directiva, ¿qué hubieran hecho los agricultores?, ¿denunciar al Estado francés?’, se preguntó Apoteker antes de advertir que la decisión ‘no va a detener’ la labor de los ‘detectives’ de Greenpeace sobre la ubicación de cultivos de transgénicos.
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Greenpeace, paga 80 mil libras por bloquear plataforma petrolera
El 3 julio, 2020; La oenegé ecologista Greenpeace anunció el viernes haber sido multada por la justicia británica con 80 mil libras por bloquear en 2019 una plataforma petrolera de BP en el mar del Norte, dirigida por la empresa Transocean, que les demandó.
Los activistas, que llegaron a subir a la plataforma en alta mar, perturbaron durante varios días en junio de 2019 su desplazamiento, obligando a BP a cambiar su ruta para llegar hasta el campo petrolífero de Vorlich.
Un tribunal de Edimburgo, en Escocia, dictaminó que la oenegé violó su prohibición de bloquear la plataforma, informó Greenpeace en un comunicado, precisando haber sido multada con 80 mil libras (100 mil dólares, 89 mil euros) y obligada a reembolsar los gastos legales de Transocean. Sin embargo, en contra de lo que pedía el operador de la plataforma, el director ejecutivo de Greenpeace UK, John Sauven, no fue condenado a la cárcel.
Estamos decepcionados de que Transocean (…) haya intentado castigarnos por intentar proteger el planeta”, dijo Sauven.
La organización ecologista y el gigante petrolero británico tienen otra batalla en los juzgados. Greenpeace logró en abril que el gobierno británico fuera obligado a publicar un permiso de perforación concedido a BP en el mar del Norte. Dicha publicación permitirá a la oenegé solicitar su cancelación por criterios medioambientales.
Francia Condena a 55 miembros de Greenpeace por invadir planta nuclear
Tribunal de la ciudad francesa de Colmar condenó a dos meses de prisión en suspenso a 55 miembros de la organización Greenpeace que penetraron en marzo pasado en la central nuclear de Fessenheim. Los jueces sancionaron a los activistas franceses y de otros 20 países por intrusión en la planta, ubicada cerca de la frontera con Alemania, pero eludieron condenarlos por «degradación voluntaria».
El procurador de Colmar, Bernard Lebeau, había pedido penas de tres a cuatro meses de encarcelamiento para los activistas. «Si bien el debate sobre la energía nuclear me parece legítimo, las acciones de Greenpeace son ilegales», dijo el procurador.
En el juicio sólo estuvieron presentes tres de los 55 acusados, entre los cuales hay 21 alemanes, siete italianos, así como activistas de Francia, Turquía, Austria, Hungría, Australia e Israel, entre otros países.
El presidente francés, François Hollande, prometió el cierre de la instalación hacia 2016, pero Greenpeace demanda la clausura inmediata de esa planta, en funcionamiento desde 1977.
Greenpeace condenada a pagar $98,990 por protestas en el mar del Norte
La delegación británica de Greenpeace ha sido declarada culpable de “desacato” por un tribunal escocés, que le ha condenado a pagar 80,000 libras ($98,990) por violar la prohibición de realizar una protesta en una plataforma que la petrolera BP gestiona en el mar del Norte.
Durante una sesión virtual, la jueza Sarah Wolffe, del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, dijo que Greenpeace admitió haber violado, en dos ocasiones, la orden que prohibía a los activistas abordar la plataforma ubicada en aguas del Cromarty Firth (norte escocés) en junio del año pasado.
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El 9 de junio de 2019, varios miembros de Greenpeace se acercaron hasta la plataforma en el barco Arctic Sunrise, y dos de ellos lograron subir para desplegar una pancarta en contra de las acciones de las petroleras que favorecen la crisis climática. El objetivo, según declaró entonces la organización ecologista, era paralizar la perforación de pozos de petróleo en el campo de Vorlich, en el norte de la región británica, hacia donde se dirigía la plataforma, unos trabajos que lograron retrasar 12 días.
La empresa Transocean, propietaria de la plataforma, consiguió entonces que la Justicia emitiera una prohibición temporal que impedía a cualquier persona relacionada con Greenpeace estar en la plataforma o acercarse a menos de 500 metros de ella.
Cinco días después, otros dos miembros de Greenpeace subieron a bordo de las instalaciones para desplegar una pancarta en contra del impacto que las actividades petroleras tienen en el medio ambiente.
La Policía escocesa detuvo a 14 personas por estos incidentes. Para la magistrada Wolffe, la acción supuso “un desafío deliberado de la orden” de prohibición, por lo que afirmó que Greenpeace es “culpable de desacato al tribunal”. Destacó que los condenados por desacato pueden ser encarcelados hasta dos años y advirtió de que había considerado dictar una sentencia para el director ejecutivo de Greepeace Reino Unido, John Sauven, que hubiera implicado posible cárcel, pero decidió ejercer “la clemencia” y “delimitar la sanción a una multa”.
“Es fundamental para el estado de derecho que se obedezcan las órdenes judiciales”, recalcó.
Juicio contra activistas de Greenpeace por daños y desobediencia
El 24 de febrero de 2021; A siete años que sucedieran los hechos; de abusos; excesos y desobediencia se vive un acontecimiento trascendental de procuración de justicia a la empresa del hotel El Algarrobico que sufrió los embates de “los activistas de Greenpeace”, organización civil con más de 3,2 millones de socios que tiene ahora en 2021; Greenpeace International, que tiene su sede en Ámsterdam, Países Bajos, con 26 oficinas regionales que operan en 55 países. Es una organización con millonario presupuesto y una fuerte estructura mundial.
Este juicio es ejemplar sobre todo para que las ONGs; no excedan y la procuración de justicia le dé la sanción o castigo a quien por derecho le corresponda.
El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ha abierto juicio oral contra los 28 activistas de Greenpeace que participaron en una acción reivindicativa en 2014 en el hotel construido en el paraje de El Algarrobico (Almería), quienes se enfrentan a penas de un año de prisión y multa de 24 meses a razón de seis euros al día.
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El edificio, construido a 50 metros del mar, está condenado a la demolición según varios fallos judiciales en los últimos años, aunque la maraña de pleitos y recursos alrededor del caso no lo ha permitido todavía, pendiente de algún pronunciamiento final de la justicia o de una hipotética negociación entre las Administraciones y la empresa promotora.
Un juez condena a Greenpeace a pagar 10 millones a una incineradora
21 de junio de 1995. El juez José Castro, titular del, juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, ha condenado a la asociación ecologista internacional Greenpeace a pagar una indemnización de diez millones de pesetas a la empresa Tirme, que construye, la planta incineradora de residuos sólidos urbanos de Mallorca. Un grupo de 21 ecologistas ocupó el pasado mes de febrero, durante tres días, las instalaciones de la factoría crematoria de basuras para denunciar supuestas repercusiones negativas sobre el medio ambiente y la salud humana.
Los activistas cometieron, según el juez, una falta de coacciones y provocaron perjuicios a la empresa propietaria, por la paralización de las obras de la instalación que tratará los desechos domésticos de toda la isla de Mallorca. José Castro, un magistrado progresista, reconoce en la sentencia que los ecologistas mantienen “comportamientos y actitudes que lejos de reportar a sus autores personales- beneficios materiales, son fuente de graves riesgos e incomodidades ( … ) y que persiguen poner tasa al deterioro medioambiental”.
Cada uno de los ocupantes de la planta deberá pagar una multa de 5.000 pesetas. Greenpeace ha anunciado que recurrirá la sentencia por entender que la protesta “fue una acción pacífica y que en ningún momento se dieron coacciones o violencia que obligaran a parar los trabajos de las obras”.
La empresa constructora de la incineradora está liderada por la empresa pública de electricidad Gesa, del grupo Endesa; que se ha asociado con otras firmas de contratas y dos grupos bancarios nacionales. El Consell de Mallorca fue la institución pública que concedió el concurso y eligió el modelo de incineración. La historia y la justicia dan testimonio de las arbitrariedades y excesos de los ambientalistas de Greenpeace.