Impulsa PAN combate a la corrupción y la inseguridad y propone establecer la planeación estratégica de largo plazo en México
Ciudad de México, 28 de Octubre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Esta semana de trabajos legislativos, el PAN en el Senado continuó impulsando su agenda legislativa, en temas como el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada, así como la necesidad de construir una visión de largo plazo para planear las soluciones a los problemas del país, presentes y futuros.
El Coordinador de los senadores del PAN, Damián Zepeda Vidales, propuso dos iniciativas con el propósito de establecer la obligatoriedad en el marco constitucional mexicano de implementar la planeación del desarrollo con visión de largo plazo.
Indicó que se busca generar una agenda estratégica nacional de planeación con visión a 30 años, que determine objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral de la nación y de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Por su parte, el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo presentó una iniciativa para incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la inhabilitación definitiva o “muerte civil” de servidores públicos y particulares que hayan sido condenados por actos graves de corrupción. El objetivo de la propuesta es “inhabilitarlos de manera permanente para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales”.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, propuso evitar la prescripción de la acción penal para los delitos relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión. Estos delitos, dijo, tienen una característica particular: son cometidos por servidores públicos, por personas que se encuentran ligadas al ejercicio del poder o que reciben o manejan recursos públicos. El propósito es evitar que una persona en el ejercicio del poder público pueda cometer infracciones a la ley en forma impune”.
En su turno, el senador por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, planteó reformar el Código Penal Federal para incrementar las penas por extorsión, así como incluir este delito dentro del catálogo de delitos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
A su vez, el senador Mauricio Kuri González propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envíe al Congreso de la Unión informes mensuales y trimestrales sobre el origen, destino y resultados alcanzados por cada uno de los componentes de los ingresos excedentes. La intención, agregó, es fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre los ingresos excedentes.
En tanto, el senador Julen Rementería Del Puerto propuso reformar la Ley de la Industria Eléctrica para establecer la obligación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de garantizar precios asequibles para la población y las empresas, como uno de sus objetivos en la determinación y aplicación de metodologías para el establecimiento de tarifas.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez propuso al Pleno reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para que se pueda establecer el Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades con alto y muy alto índice de intensidad migratoria, y las entidades fronterizas con población flotante por inmigración.
En su turno, la senadora Minerva Hernández Ramos propuso incrementar los incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, pidió fortalecer, fomentar y desarrollar la industria vinícola en el país mediante una reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Por su parte, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Comunicación Social, con el objetivo de prohibir el uso de colores partidistas en la imagen institucional, tanto en la comunicación como en la infraestructura del gobierno en todos sus niveles.