Próximo lunes presentan reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ciudad de México, 09 de Noviembre  (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La Conferencia Parlamentaria de las comisiones de Gobernación del Congreso de la Unión concluyó el análisis de la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), informó que mañana se comenzará la redacción final del dictamen que se presentará el próximo lunes ante la instancia que preside.

 

La legisladora precisó que el trabajo en Conferencia Parlamentaria es un excelente ejercicio para saber en qué temas hay coincidencias y en cuáles no.

 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena (Morena), indicó que las reformas en esta materia deben contemplar la reorganización de las actividades de reinserción, de la libertad condicional, la supervisión de medidas cautelares y trasladar, conforme a los tratados específicos, a las personas privadas de su libertad.

 

También establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas de los cuerpos de seguridad pública y policial, y de quienes realizan análisis y sistematización completa de la investigación e información de seguridad pública.

 

Además, dijo, el Centro Nacional de Inteligencia fungirá como un sistema de investigación que contribuirá a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y proponer al Ejecutivo el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Cristóbal Arias Solís (Morena), consideró que ante una emergencia nacional, como es la inseguridad, también se está frente a un problema de tiempo y apremio por dotar de los instrumentos o herramientas al próximo gobierno. Sin embargo, estimó que todavía se pueden escuchar todas las preocupaciones, sugerencias y recomendaciones de los legisladores que busquen mejorar esta iniciativa.

 

Resaltó que su inquietud principal es que, efectivamente, se pueda tener una Secretaría de Seguridad Pública eficaz y eficiente, que contribuya a prevenir la delincuencia y disminuir los altos índices delictivos.

 

Subrayó que su apuesta es a que el Estado mexicano prevenga en materia de seguridad pública, más que en la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes, “lo que no queremos es que siga aumentando el alto índice de delitos que generan miles de muertos, homicidios y feminicidios diariamente”.

 

En esta última sesión, diputados y senadores analizaron el precepto 30 Bis de la citada ley, integrado por 23 fracciones, para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual formulará y ejecutará las políticas, programas y acciones que garanticen la seguridad pública de la nación y sus habitantes.

 

Los legisladores, reunidos en Conferencia Parlamentaria de las comisiones de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y de Gobernación del Senado de la República, también evaluaron las facultades de las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Función Pública, así como 21 artículos transitorios.

 

Respecto de la Secretaría de Seguridad, destacan, entre sus atribuciones, establecer mecanismos de coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como el análisis y sistematización de la investigación e información de seguridad pública y de seguridad nacional, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Además, organizar, dirigir y supervisar al Centro Nacional de Inteligencia; establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y dar sustento a la unidad nacional, la cohesión social y fortalecer las instituciones.

 

Conducir y ejecutar, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en apoyo a la población en situación de desastre.

 

Proponer al Ejecutivo federal la política criminal, coadyuvar a la prevención del delito y ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.

 

Asimismo, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, orden y paz públicos. En el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecer la coordinación entre la Federación, Ciudad de México, estados y municipios.

 

Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en la carrera policial; organizar, dirigir y supervisar a la Policía Federal, garantizando el desempeño honesto del personal y aplicar un régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, y prevenir los delitos federales.

 

Igualmente, proporcionar a la Segob información para que publique y actualice una página electrónica que registre a las personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y justicia para adolescentes, con estricto apego a los derechos humanos.

 

En torno a la Segob, analizaron el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, integrado por 24 fracciones. Resalta sus facultades para formular y conducir la política interna, competencia del Ejecutivo federal; fomentar el desarrollo político; contribuir a fortalecer las instituciones democráticas y promover la formación cívica y participación ciudadana, salvo en materia electoral.

 

Facilitar acuerdos políticos y consensos sociales, para que en términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, consolidación de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática.

 

Para la Secretaría de la Función Pública, evaluaron el artículo 37 de la citada ley, resaltando su facultad para evaluar la gestión gubernamental y sus resultados, y fiscalizar el ejercicio del gasto público federal.

 

Expedir las normas de regulación de los instrumentos de control interno de la Administración Pública Federal, conforme a las bases y principios que al respecto emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo.

 

Conducir y aplicar la política de control, prevención, vigilancia y fiscalización de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran.

 

En casos excepcionales, precisa, ejercer de manera directa las facultades que la Constitución otorga a los Órganos Internos de Control para revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales y la deuda pública.

 

El diputado Luis Enrique Miranda Nava (PRI) consideró que los delegados que participarán en seguridad deben pasar por procesos de control de confianza, a fin de que sólo estén las personas con la más alta especialidad, pues serán los suplentes de los gobernadores cuando estos no asistan.

 

La senadora priista, Beatriz Paredes Rangel, dijo que se tendrá que clarificar la participación de la Federación y de los gobiernos estatales y municipales, a fin de generar un pacto nacional que preserve la seguridad pública. Además, sugirió que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) siga como una entidad sectorizada, como lo ha estado en Gobernación, y sirva a la Secretaría de Seguridad como un instrumento de información.

 

La diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI, manifestó que hay gran confusión en el concepto de seguridad, pues mezcla la seguridad pública, nacional e interior, lo cual es un peligro para brindar paz a la ciudadanía; por lo tanto, indicó que las dos últimas se excluyan y sean reguladas por la Ley de Seguridad Nacional; pidió conservar la denominación de Protección Civil, ya que así se abarca a toda la ciudadanía, es decir, “se debe llamar Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil”.

 

El diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, señaló que la nueva secretaría no debe incluir la seguridad nacional. “No es sano ni en términos de especialización de las instituciones ni en la protección de los derechos humanos. Se trata de funciones diferentes, por lo que este ámbito tendrá que ser tarea de la Segob, de igual manera la protección civil”.

 

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) opinó que la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá implicar un marco jurídico organizativo, que no sobrepase su naturaleza ni la Constitución Política. Estimó que en todo el articulado existe una serie de empalmen con atribuciones relacionadas con la seguridad nacional; por ello, realizó diversas propuestas, entre ellas, considerar que la protección de la población sea ante riesgos de amenazas a la seguridad pública y que el Sistema de Protección Civil se concentre en la Segob.

 

El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (PES) planteó modificar las fracciones XII y adicionar una fracción XIII del artículo 30 Bis, para establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización de la investigación e información de seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, establecer mecanismos e instancias para la coordinación de las tareas, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad nacional.

 

El diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) comentó que el proyecto de dictamen elimina facultades de coordinación entre órdenes de gobierno, en materia de prevención del delito. Sobre la desaparición del Cisen, estimó que debe permanecer en la Segob, porque aunque se propone crear otra entidad, parece sólo un cambio de nombre. Añadió que la Comunicación Social gubernamental también tiene que mantenerse en Gobernación.

 

De MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González aseguró que es tarea del Estado mejorar la calidad de vida de la población, a través de una política de protección ciudadana, pero el nuevo planteamiento no tiene ese enfoque. Consideró que en seguridad pública, hay que plasmar políticas preventivas y salvaguardar todos los factores de riesgo, para evitar que los jóvenes delincan. Agregó que “la iniciativa pasa a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP) el monstruo que hoy tiene Segob”.

 

El diputado Jaime Pérez Bernabé (Morena) manifestó que el objetivo de la iniciativa es lograr resultados, y la creación de la SSP romperá todo lo establecido. Explicó que se respeta la autonomía de estados y municipios, y los delegados propuestos no tendrán funciones ejecutivas en materia de seguridad. Consideró necesaria la desaparición del Cisen, para garantizar que no haya persecuciones políticas.

 

El diputado Vicente Onofre Vázquez (PES) precisó que en protección civil lo más viable es crear una secretaría que esté centrada en prevención y no en llevar ayuda después de que suceden desastres.

 

Del PAN, la diputada Laura Rojas Hernández subrayó que el proyecto es muestra de un modelo de hiperconcentración del poder; por ejemplo, al determinar que la Segob designará los enlaces legislativos, “invade la atribución de secretarios de Estado y puede generar problemas”. Respecto a protección civil, apuntó que debe continuar bajo la Segob y no pasar esas tareas a los policías.

 

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) destacó que no hay intención de obstruir las propuestas de quien ganó en la voluntad popular; sin embargo, la iniciativa traslada muchas atribuciones a la oficina de la Presidencia, y mantiene una lógica de concentración del poder. Añadió que respecto a la Secretaría de la Función Pública (SFP), hay que robustecer el Órgano de Control Interno del Legislativo.

 

En relación con esta dependencia, la diputada Julia Prudencio González (MC) consideró que no hay claridad de la relación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Un ejemplo de ello es que se reducen atribuciones para el SNA y se acotan contrataciones”.

 

Saruri Riancho, del PRI, afirmó que los cambios en la Función Pública pueden dar lugar a una colisión con las atribuciones de la ASF, que es la encargada de fiscalizar recursos. Recomendó conservar, en los términos actuales, la inspección del gasto.

 

La diputada de MC, Martha Tagle Martínez, apuntó que ante el nivel de inseguridad y violencia “no nos podemos equivocar ni errar”. Dijo que es preocupante que la nueva secretaría atienda la prevención de la violencia, la reinserción de adolescentes y la protección civil, porque cada área requiere acciones concretas para reconstruir el tejido social, readaptar a la población penitenciaria, diferenciar los delitos del fuero federal y común, y atender los desastres por múltiples dependencias y no por una sola.

 

Por el PRI, la diputada Lucero Saldaña Pérez señaló la necesidad de correlación entre las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública sobre personas desaparecidas, para que prevalezcan dos plataformas: una, que capte el padrón general, y otra, para niñas y mujeres, ya que la propuesta sólo refiere la primera y omite la segunda. Consideró que la justicia para adolescentes no puede mezclar tipos de penas y sanciones para esta población y los adultos. Además, pidió diferenciar los conceptos de seguridad pública y nacional.

 

El senador del PRD, Antonio García Conejo, no compartió que el Cisen sea parte de la nueva secretaría, porque fue creado para que el Presidente y la Segob tengan información precisa y tomen decisiones, y no puede ser juez y parte, ya que involucra información general e investigaciones. Propuso que permanezca en Gobernación.

 

Por Morena, el diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría sostuvo que se necesita una Secretaría de Seguridad Pública fuerte, con atribuciones normativas suficientes, claras y concretas en el marco de la Constitución, para generar confianza a los mexicanos y atacar la inseguridad. Sobre el Cisen, dijo que su trabajo ha servido para perseguir líderes sociales y opositores, cuando la inteligencia debe estar al servicio de los ciudadanos porque esperan resultados, y la estrategia implementada hasta hoy ha fracasado.

 

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) consideró que la nueva dependencia debe manejar la inteligencia en seguridad, aunque la criminal por esta secretaría y la Fiscalía, mientras que la inteligencia civil por la Segob; propuso que se privilegie el enfoque social y que no lo ejerzan policías. No garantizó su voto a favor, pero celebró que los legisladores coincidan en temas fundamentales por el consenso del dictamen.

 

Por el PVEM, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar expuso que no es verdad que exista una invasión de competencias entre la seguridad pública y la seguridad nacional. Sobre los delegados, afirmó que es una fórmula ya probada. Respecto a protección civil, la implementa el Ejército, es decir, las áreas de seguridad, no deben regresar a Segob.

 

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) explicó que esta propuesta prevendrá y combatirá la inseguridad, y es justo lo que el país necesita.

 

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) consideró que esta reforma busca desmantelar a la Secretaría de Gobernación, pues le quita facultades, entre ellas, los lineamientos de Comunicación Social, la coordinación de los súperdelegados y parte de los derechos humanos.

 

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) dijo que con esta reforma la Segob podrá hacer la diferencia entre lo preventivo y punitivo, pues la ejecución vendrá desde Seguridad Pública.