Tras la puerta del poder

 

Roberto Vizcaíno

Sus cercanos, saben del afecto y respeto que Andrés Manuel López Obrador siente y tiene por Ignacio Ovalle.

Y esto surge porque Ovalle fue el director del Instituto Nacional Indigenista hacia 1977 y quien dio empleo y protegió a López Obrador como delegado del INI en Tabasco.

De ahí su nombramiento hoy como responsable de uno de los programas punteros de la 4ta Transformación:  el del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, o SEGALMEX, concebido como pilar en la distribución de los alimentos básicos de los mexicanos.

En esa designación no sólo operó el afecto de AMLO, sino la experiencia de Ovalle como director de Conasupo en la presidencia de Carlos Salinas.

Al final de cuentas Segalmex -sectorizado ahora dentro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-, es una transformación más de Conasupo, como la Secretaría de Bienestar lo es de Sedesol.

Enrolado en el cargo, Ovalle contactó a antiguos colaboradores de la época salinista de Conasupo para distribuir responsabilidades e ir más o menos a lo seguro en la operación de la “nueva” paraestatal.

Así Enrique Sada Fernández fue convocado por Ovalle en julio de 2018 junto con Fernándo Ordorica Pérez y Miguel Carrillo.  A Sada le propuso ser director del área de Liconsa, a Ordorica de Diconsa y a Carillo la dirección de Precios de Garantía.

Ahí -narra Sada– arrancó un proceso desordenado, fuera de la Ley, en el que Ovalle tomó decisiones sin contar con un nombramiento legal porque AMLO todavía no había asumido la Presidencia,  

De todo ello le fue advertido por Sada, quien es abogado y quien había sido de 1983 a 86 Gerente de Administración de Distribuidora Conasupo Metropolitana; Gerente de Distribución de Conasupo en Oaxaca; en 1986 Gerente de Administración y Gerente de Abasto de la paraestatal; en 1989 primero gerente de Comercialización de Liconsa y luego director general de esa empresa hasta 1991 en que fue postulado como candidato a diputado federal.

 Al final, en un proceso sumamente desaseado Ovalle quedó como director simultaneo de los 3 organismos: Segalmex, Liconsa y Diconsa, lo cual esta prohibido.

Entre agosto en que López Obrador da a conocer que Ovale será director de Segalmex, y el 1 diciembre en que asume la presidencia, ocurren innumerables hechos: la planta de Liconsa en Aguascalientes, la más completa para procesar rehidratados, pasa a ser de Lala, propiedad de Eduardo Tricio; se compran por adelantado 120 camiones rabones y se firma un contrato de servicio de transporte por 500 millones de pesos. Todo fuera de normatividad porque no se tenía todavía la representación legal.

Luego de todo eso, se dan encuentros con los directivos y propietarios de Lala a fin de que Segalmex y Liconsa procesen el rehidratado de leche bajo una figura denominada terciarización que no es otra cosa que privatizar servicios de una paraestatal.

Sada finalmente quedaría como Coordinador Operativo de Segalmex y de Liconsa y encargado de las áreas de producción y abasto social.

Estaba en esas el martes 4 de diciembre de 2018, apenas 3 días después de que AMLO tomó posesión, cuando:

“… estando en la recepción de la oficina del Director General, recibí una tarjeta señalándome que por conducto de Alejandro Toscano Pacheco, Subdirector de Venta Comercial, se estaba negociando la venta de 1,000 toneladas de leche descremada en polvo con el Sr. Jorge Calderón como cliente, mencionando que se entregaría en Guadalajara.  El costo aproximado de la operación es de 2 y medio millones de dólares, y se iba a entregar a través de Ferromex.  De inmediato y con pleno conocimiento de que se trataba de una operación ILICITA, mande llamar a Toscano Pacheco quien me mencionó que estaban haciendo la operación porque había sobreinventarios, a lo que le pregunté si la misma había sido autorizada por el Comité correspondiente respondiéndome que NO”.

Sada informó de inmediato de esa operación ilegal a Ovalle quien horas después lo despidió. 

Sada ya presentó denuncia del caso ante David Colmenares, auditor Superior de la Federación.

Lo central de esa denuncia ha sido enviada a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a hacer el Presidente? Todavía se recuerdan sus palabras en el Zócalo el día de su triunfo, de que no iba a tolerar ninguna corruptela ni de colaboradores ni de familiares.

Bueno, pues aquí está la primera prueba.

HOY INICIA EL SEGUNDO PERÍODO

Con una agenda supercargada de iniciativas, hoy los líderes del Congreso y los grupos de todos los partidos en el Senado y la Cámara de Diputados asisten a la Sesión Plenaria de Congreso General a las 11 de la mañana en San Lázaro.

Para Ricardo Monreal el reto es darle prioridad a la aprobación de la Guardia Nacional, que luego regresará para que Mario Delgadorenegocie un nuevo trámite.

Después de eso, la tarea legislativa no tendrá descanso hasta fines de abril. A Diputados y Senadores les esperan unas 7 reformas Constitucionales y una decena de reformas ordinarias.

LE LEEN LA CARTILLA A AMLO

Quien luego de que Fitch degradó la calificación a Pemex lo que causó el enojo y diatribas de AMLO hacia la calificadora, fue el exdirector del SAT, Aristóteles Núñez, un exfuncionario reconocido por su seriedad, prudencia y profesionalismo.

Por redes sociales le circuló el siguiente mensaje:

Buenos días presidente, está usted equivocado.

Abro hilo.

1. Las empresas calificadoras no tienen dentro de sus tareas o actividades detener el saqueo de un gobierno.

2. Ellas miden la fortaleza y certidumbre financiera de un país o una entidad que emite bonos de deuda.

3. Las calificadoras tienen una metodología estandarizada para medir perfiles de riesgo de las empresas o gobiernos que piden prestado (para ello emiten bonos).

Esa metodología la conoce Pemex y  también la conocen los inversionistas.

Es un principio básico de transparencia.

4. La calificadora mide la fortaleza financiera de Pemex para hacer frente a sus obligaciones de pagar deuda contraída.

Las calificadoras no tiene como tarea detener o sancionar saqueos de gobiernos o empresas, su función es calificar riesgos.

5. Las calificadoras no pueden considerar solo la variable del combate al huachicol, Pemex tiene un problema mayor.

Miden la perspectiva financiera de Pemex y valoran si encontrarán presiones financieras para enfrentar sus obligaciones.

6. El mayor problema de Pemex es la disminución de la extracción de petróleo, esta sigue cayendo.

Si existiera un plan de inversión, transparente, serio y creíble en Pemex para incrementar la extracción de petróleo, la calificación podría mejorar.

7. La disminución de la calificación en Pemex es consecuencia de la caída en sus ingresos por la disminución en la extracción de petróleo y falta de rumbo en su dirección.

A mayor riesgo crediticio mayor tasa de interés, a menor riesgo menor tasa.

8. La disminución de la calificación de Pemex implica un costo financiero adicional anualizado entre 20 y 30 mil millones de pesos. Es decir, Pemex deberá pagar más intereses por la deuda que tiene.

9. Usted comenta que no llegó la inversión extranjera a Pemex y al mismo tiempo crítica la reforma energética.

Eso es una contradicción que confunde a los inversionistas.

Sin reforma energética no habría inversión extranjera y ésta llega al sector no a Pemex.

10. Si usted cancela la reforma energética, anticipo, la calificación crediticia de Pemex y del país caerá.

Usted podría posponer un programa de gobierno por 50 mil millones de pesos y canalizarlos a Pemex para inversión en exploración y extracción. Eso mejoraría la calificación.

11. Usted debe entender que los recursos del gobierno (contribuciones), no alcanzan para todo. No solo son buenas intenciones, se requiere racionalidad económica.

Ahí reside el talento del administrador público.

¡Mucho éxito, presidente!

¡¡¡Orale!!!

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