Planteará dispensar trámites para que Guardia Nacional se apruebe el jueves
Ciudad de México, 25 Febrero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- A fin de que se apruebe de forma expedita entre todos los grupos parlamentarios y darle ya al Poder Ejecutivo la posibilidad de tener una institución con alcance nacional, preparación, organización y equipamiento suficiente para enfrentar el fenómeno delincuencial, Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro adelantó que planteará la dispensa de trámites a la minuta que envió el Senado en materia de Guardia Nacional.
En comunicado de prensa, el líder parlamentario de MORENA informó que desde el viernes la Comisión de Puntos Constitucionales ya circuló un dictamen donde se respetan los términos en los que llegó la minuta del Senado de la República. Razón por la cual, propondrá que el martes se le dé primera lectura y en la sesión del jueves sea votado.
Delgado Carrilo, pidió entender el mensaje que manda el Senado de la República al aprobar esta reforma por unanimidad, tras un trabajo político muy intenso y una negociación muy dura, así como la opinión positiva por parte del Gobierno y la sociedad civil.
“Ante las distintas opiniones de la sociedad civil, de los distintos grupos parlamentarios en el Senado y el Presidente de la República, nosotros nos vamos a sumar a la propuesta que nos llega y queremos aprobarla en sus términos para que a la brevedad la Guardia Nacional pueda integrarse y pueda dar respuesta al problema de inseguridad”, expresó.
El legislador de MORENA reiteró la urgencia de contar con un cuerpo que haga frente al fenómeno delictivo y consideró relevante que haya una regulación en el marco constitucional para la actuación de las fuerzas armadas en lo que se forma la Guardia Nacional.
Destacó, que además de que se apruebe la Guardia Nacional, ahora el Presidente ya cuenta con elementos para enriquecer su plan de seguridad y pacificación del país.
En esto destacó la aprobación de las reformas al Artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General y la reforma constitucional en materia de extinción de dominio sobre corrupción o robo de combustible.