México mantendrá política de asilo y refugio de migrantes, afirma Encinas

Ciudad de México 12 Junio  (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-México no renunciará a su histórica política de asilo y refugio para los migrantes que vienen a este país en busca de una oportunidad distinta de vida, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.

Reconoció que se vive una emergencia en la materia que reclama la acción firme del Estado, y llamó a las dependencias del sector público federal salir de su “zona de confort” para enfrentar la realidad del país en materia de derechos humanos.

“Vamos a ir a los lugares donde existen conflictos para cumplir la responsabilidad que el Estado mexicano abandonó por mucho tiempo”, expresó en el inicio de los trabajos para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En el Salón Revolución del conjunto de Bucareli, el funcionario federal planteó que con la aplicación de ese mecanismo se busca garantizar el diálogo y la participación de la población a través de los principios de gobierno abierto.

También establecer la interlocución entre la sociedad civil, la academia y el gobierno para definir el rumbo que debe seguir la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos.

En su oportunidad Estefanía Hernández Ceballos, directora general de Política Pública de Derechos Humanos de Gobernación, atribuyó la crisis de derechos humanos en el país a años de indiferencia, abandono, desigualdad y represión de las instituciones del gobierno.

Dejo claro que la Segob tiene el compromiso de atender esa coyuntura y que el compromiso del gobierno federal, a través del Programa, es con la reconciliación nacional, la pacificación y la garantía de los derechos humanos.

“El programa busca sentar las bases y las acciones que realizará el Estado a efecto de revertir la situación de emergencia y con ello saldar una deuda histórica con todos los mexicanos, particularmente con las víctimas”, remarcó.

“Aspiramos a un país donde la dignidad y la paz se conviertan en el legado más importante de las futuras generaciones”, subrayó Hernández Cevallos, tras delinear los temas de los 15 foros: igualdad y no discriminación, desaparición de personas, violencia contra las mujeres: niñas, niños y adolescentes, así como trata.

En igual caso están los de desplazamiento forzado interno, migrantes y protección internacional, empresas y derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la identidad, periodistas y personas defensores de derechos humanos, así como mecanismos de verdad, justicia, reparación y no reparación.

La funcionaria destacó el compromiso de la Segob en favor de un diálogo franco y continuo entre todos los actores que incidan en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.

Para ello, dijo, el Consejo será un canal de diálogo e interlocución en la toma de decisiones relativo a las necesidades y el objetivo sobre la política de derechos humanos, integrado por mujeres y hombres con larga trayectoria en la promoción y la defensa de esas garantías.

Los integrantes de esa instancia son los activistas Clara Jusidman, Dolores González, Miguel Concha y Consuelo Morales; Belén Sáenz, de ONU- Mujeres; el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, Mauricio Merino y Jan Jarab, representante de la Naciones Unidas en México.

Jesús Peña Palacios, representante Adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó algunas líneas por las que México debería avanzar en la puesta en marcha de su Programa Nacional de Derechos Humanos, que tendría que traducirse en acciones específicas y medibles.

Para ello, señaló, se deberá contar con un sistema confiable de indicadores cualitativo y cuantitativo para contar con información detallada de las poblaciones que se benefician de las políticas públicas, los alcances que éstas tienen y, sobre todo, que permitan medir en términos reales la progresión en la garantía y el respeto a los derechos humanos de toda la población.