Anticonstitucional rebeliones de Indignación A.C. contra obras de desarrollo para justificar sus millones del extranjero; denuncian legisladores

Condena el líder del senado Ricardo Monreal y diputados federales; Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo y  Raúl Bonifaz Moedano de la Frontera Sur; el abuso y uso de “supuestas causas sociales para frenar la obra del Tren Maya que detonará la economía en el Sureste.

Contra las acciones incitadoras y de rebelión que realiza Indignación A.C contra el Tren Maya y de también frenar la economía en el sureste del país; Senadores y Diputados revelan que es Inminente Reforma Constitucional para que estas obras no puedan detenerse y dejar de operar al considerarse prioritarias para la Seguridad Nacional y el desarrollo de miles de habitantes de la Península Maya, expuso el líder de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila y también diputados federales entre ellos Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo y de la Frontera Sur, Raúl Bonifaz Moedano, avalan dicha obra para detonar económicamente todo el Sureste y no permitir que asociaciones no gubernamentales como Indignación A.C. estén perjudicando a quienes quieren el desarrollo del turismo en la península de Yucatán y el Caribe.

Ante la explotación económica y política de conflictos ejidales indígenas por parte de las llamadas ONG’s, en especial Indignación A.C., misma que recibe millonarios recursos por parte de fundaciones extranjeras -como lo confirmó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador-, son cada vez más las voces y acciones ciudadanas y de legisladores, en su contra para poner un freno a este sistema para obtener recursos que solo varía en las formas, pero en los hechos es igual a la esclavitud que vivieron los mayas durante siglos.

Y es que como se sabe, esta ONG (Organización No Gubernamental), explota conflictos agrarios, desalojos e invasiones en predios de ejidatarios y en los dos últimos años la construcción del Tren Maya, a quienes utiliza posteriormente como “carne de cañón” para sus manifestaciones y poder demostrar los recursos recibidos a los organismos internacionales que si los “gastan en las causas”.

Como se sabe, durante los últimos dos años estas organizaciones mediante amparos y movilizaciones mantienen detenida la construcción de diversos tramos del Tren Maya y en cambio reciben en conjunto más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., 650 mil dólares; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C (CRIPX), que ha recibido 565 mil 377 dólares; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con 1.3 millones de dólares; Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO), a la que han otorgado 420 mil 580 dólares; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con 2.4 millones de dólares y el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible (CCMSS), que ha recibido 7.7 millones de dólares y cuyos principales donantes son grupos como Fundación Kellogg, Climateworks Foundation y Rockefeller Brothers Fund, entre otras.

Hasta el momento, por lo menos dos organizaciones ya lograron obtener la suspensión definitiva de los tramos 1 y 7 del Tren Maya a través de juicios de amparo. En total, estos grupos han recibido 13 millones 37 mil dólares desde 2006 a 2019; por lo que se reportará para 2020 y 2021, crecerá esta cifra.

Los principales financiadores son Fundación Kellogg y Fundación Nacional para la Democracia, ambas de Estados Unidos; Fundación para la Vida Silvestre, de Argentina; el Fondo de Oportunidades Globales del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, del Reino Unido y la Fundación Heinrichi Boll Stifung, de Alemania.

Es así que por la vía judicial fue Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. el pasado 7 de mayo promovió un amparo contra la obra en Palenque (Tramo 1), el cual terminó con la suspensión definitiva el 22 de junio pasado. Su principal donante es la Fundación Kellogg como se sabe y en esta demanda está unido con el CEMDA, que dirige María Eugenia de la Fuente.

Reforma Constitucional en puerta

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, anunció que trabajan en reformas a la Carta Magna que eviten que cualquier amparo frene las obras públicas que benefician a la comunidad, ya que considera que importantes proyectos impulsados por el gobierno son obstaculizados para alcanzar buen puerto, lo que provoca un perjuicio al progreso social y económico del país.

Las obras -dijo- representan un beneficio para la comunidad y que conllevan una inversión en infraestructura, forman parte de los cimientos de avance y prosperidad que se reflejan en beneficios y servicios básicos, como lo son la construcción de edificios públicos entre los que se encuentran hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques.

Es el caso de lo que sucedió en el aeropuerto de Santa Lucía, en el que la organización no gubernamental (ONG) Mexicanos contra la Corrupción empleó dicho medio de control en defensa de la legalidad y del estado de derecho a través del colectivo #NoMásDerroches, que promovió una gran lista de amparos con los que consiguió que se dieran suspensiones definitivas en contra de la construcción del mencionado aeródromo.

Con base en lo anterior y a fin de que se revocaran las órdenes judiciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), invocó el “Interés Nacional” para decretar como instalaciones estratégicas a todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cambios importantes

Es así que se tienen programadas para 2021, reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo, con el objetivo de evitar obras públicas por parte de Morena, propone la adición de un párrafo al artículo 25 constitucional para promover que el desarrollo de la obra pública e infraestructura en materia de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, hidráulica, turismo y cualquier obra del servicio público que impacten de manera directa en el bienestar de las personas y en sus derechos humanos sean considerados de interés social protegido, según trascendió en el Senado.

Pese a la apuesta de la bancada de Morena de acabar con los amparos al considerar que frenan los proyectos prioritarios para el gobierno, ésta va en contra de la única garantía constitucional con la que cuenta la ciudadanía e incluso, con una de las mejores opciones de defensa con la que cuentan en contra de actos abusivos o ilegales de las autoridades.

Ejemplo de ello es el caso del aeropuerto de Santa Lucía, en el que la organización no gubernamental (ONG) Mexicanos contra la Corrupción empleó dicho medio de control en defensa de la legalidad y del estado de derecho a través del colectivo #NoMásDerroches, que promovió una gran lista de amparos con los que consiguió que se dieran suspensiones definitivas en contra de la construcción del mencionado aeródromo.

El anuncio sobre la presentación de una serie de reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo, con el objetivo de evitar obras públicas por parte de Morena, propone la adición de un párrafo al artículo 25 constitucional para promover que el desarrollo de la obra pública e infraestructura en materia de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, hidráulica, turismo y cualquier obra del servicio público que impacten de manera directa en el bienestar de las personas y en sus derechos humanos sean considerados de interés social protegido.

De la misma forma, la iniciativa sumaría una fracción al artículo 129 de la ley de amparo, a fin de establecer como improcedente los amparos para el desarrollo de obra pública en infraestructura en todo lo relacionado a la educación, salud, medio ambiente, seguridad pública y cualquier otra rama que pueda impactar directamente los derechos o el bienestar de la ciudadanía.

La iniciativa que está impulsando la bancada morenista, casos como el del colectivo #NoMásDerroches no tendrían efecto e igualmente todos aquellos que fueran promovidos por la ciudadanía en general, al estar impedidos de usar el recurso de amparo para evitar posibles malos usos del dinero público o daños al medio ambiente cuando dichas obras no cuenten con los estudios de impacto ambiental necesarios que aseguren su justificación técnica y confirmen su viabilidad técnica.

El senador de Morena sostuvo que la propuesta va conforme a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación (PJF), mismos que colocan el interés colectivo por encima del interés particular, justamente en obras que por su origen no deben suspenderse, pues provocarían un impacto directo en el bienestar de las personas.

Mayor flujo turístico

Por su parte el diputado Luis Alegre Salazar (Morena), presidente de la Comisión de Turismo, reiteró que el Tren Maya es una obra generacional monumental que detonará el desarrollo del sur del país, en especial Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Aseguró que ambientalistas, empresarios y cámaras de comercio han mostrado confianza en este proyecto, porque significa una enorme oportunidad de desarrollo.

De la misma forma el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, aseguró que con la puesta en marcha del Tren Maya superará el número promedio de turismo que hay en la zona sur-suroeste de México, “en la que de por sí ya existe una importante movilidad de la actividad”.

Dijo que no sólo el turismo nacional se verá favorecido, ya que hay un notorio flujo proveniente de Centroamérica, Europa y Estados Unidos. “El Tren Maya será un apoyo fundamental para el desarrollo de la región”, concluyó.