Tras la puerta del poder

 

Roberto Vizcaíno

El Senado recibió ayer la primera iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador presentada ante el Congreso, en la que pide la abrogación del fuero presidencial.

Es una iniciativa que, de aprobarse como se supone ocurrirá antes de que concluya este diciembre, al primero que afectaría es a él mismo, indicó Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta.

Esta es una iniciativa de reforma Constitucional a los artículos 108 y 111 que requeriría de mayoría calificada, es decir, la aprobación por las 2 terceras partes del Pleno.

Lo que pide concretamente el presidente López Obrador es:

“… que el Presidente en adelante no sólo pueda ser juzgado por traición a la patria, sino por delitos graves, dentro de los que se encuentra: enriquecimiento ilícito, peculado y otros más; y delitos electorales, así como corrupción, actos de corrupción de cualquier índole, el Presidente podrá ser sometido a juicio y a proceso penal, si se aprueba esta reforma planteada el día de hoy por el Presidente de la República y que nosotros también planteamos en iniciativa, pero que retiraremos por cortesía política al Ejecutivo Federal”.

A pesar de que hay iniciativas de casi todos los grupos parlamentarios para suprimir el fuero, el presidente López Obrador -afirma Monreal-, quería dejar testimonio histórico de que él fue quien promovió esta reforma.

Una vez presentada, la iniciativa pasó a comisiones donde, afirma el zacatecano, se van a retirar las iniciativas de Morena y socios, a fin de dejar sólo la del Presidente en un acto de civilidad política.

 “… ahora, daremos prioridad a su iniciativa. Y, en ese caso, por cortesía política, retiraría la nuestra, del Grupo Parlamentario; y dejaremos que él la presentara como su primera iniciativa del Ejecutivo Federal.

“Es la primera iniciativa (que presenta AMLO al Congreso) y es simbólica, y en las Comisiones la enriqueceríamos. Por eso, es preferible retirar la iniciativa que yo suscribo y que está enlistada en el orden del día hoy; para dar paso a la iniciativa presidencia, que sería la primera y que se trata de la modificación al 108 y 111 constitucional”, indicó Monreal.

Por lo demás, Monreal confirmó que en estos días el Senado tramitará además la cancelación de la reforma educativa, así como la nueva Ley sobre la Fiscalía General de la Nación para poder designar al primer Fiscal.

Luego de confirmar que anteayer conversó con López Obrador, se le preguntó a Monreal su le encomendó algo en particular.

“Ninguna… simplemente que continuemos en un afán de colaboración de poderes y una coordinación estrecha entre poderes autónomos, el Ejecutivo y el Legislativo”.

GÓMEZ URRUTIA PRESENTA INICIATIVA

Presidente de la Comisión del Trabajo y secretario de la de Hacienda, el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder además del principal sindicato minero del país y vicepresidente de la agrupación minera más importante a nivel internacional, presentó ayer una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de garantizar que la política de Seguridad Nacional opere como una política de Estado.

Al exponer sus objetivos, el senador y dirigente sindical señaló que esta reforma busca incluir en la Política de Seguridad Nacional en forma integral lo relativo al sector del campo, a las áreas económica, social, tecnológica, diplomática, política y militar del poder nacional.

La iniciativa, indicó, establece el estatus prioritario y multidimensional de la política de Seguridad Nacional.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción deberán estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo, y ambos deberán operar bajo la misma jerarquía, subrayó.

El desarrollo y la Seguridad Nacional están íntimamente ligados, no puede existir uno sin el otro, por lo que es elemental que estén alineados en sus metas, dijo.

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

AUDITAR A UNIVERSIDADES

Involucradas en prácticamente todos los escándalos sobre desvíos multimillonarios de la última etapa del sexenio anterior, las Universidades del país se han vuelto objeto de escrutinio público.

De ahí que ayer el Senado solicitara a la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, que revise el presupuesto asignado en 2018 a las universidades e institutos de educación superior que hayan ejercido recursos públicos federales.

En un dictamen ayer, varios senadores indicaron que, con la implementación sistemática de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se fortalecería a las universidades y centros de educación superior en beneficio de a calidad de enseñanza en México

El caso es que el ejercicio fiscal 2018 indica que fueron asignados 113 mil 979 millones de pesos a estas instituciones de los cuales 56 mil 377 millones de pesos fueron a instituciones de educación superior en los estados.

En forma adicional, el Senado solicitó a los órganos de Fiscalización Superior de las 32 entidades federativas, para que incluyan en el Programa Anual de Auditorías a las universidades y otras instituciones similares para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

El Senado también pidió a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas a nivel estatal, que solicite a estas universidades e institutos que cumplan con sus obligaciones de transparencia, mediante mecanismos eficaces para el acceso a la información sobre la aplicación y destino del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal.

 “De un apropiado y eficiente uso del presupuesto asignado a estas instituciones depende la mejora de la calidad educativa para elevarla a un nivel competitivo”, subrayaron.

En otro dictamen, el Senado también solicitó a la Secretaría de la Función Pública que inicie una auditoría a la Comisión Ejecutiva del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, relacionada con las inversiones para la compra de acciones de diversas empresas en el periodo 2012-2018.

En caso de encontrar irregularidades, dijeron, se proceda conforme a derecho e informe al Senado los resultados de las auditorías efectuadas.

 

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