Amparos contra Tren Maya frenan empleos e inversión: decenas de familias afectadas
Denuncian que intereses políticos; manipulación de los verdaderos habitantes y aplicación de los recursos que reciben las ONG’s; atentan contra la economía de cientos de hogares y del desarrollo en municipios en la península de Yucatán; prefieren “matar de hambre” a miles de hogares yucatecos que perder apoyes millonarios de extranjeros.
A parte de la crisis con la pandemia; sufren también los miles de hogares y trabajadores por el desempleo que generan las demandas contra el Tren Maya, causando incertidumbre en las constructoras; ya que éstas aumentaron después de que se confirmara la suspensión provisional de nuevas obras en Yucatán.
Denuncian que las organizaciones no gubernamentales matan de hambre a miles de familias yucatecas por imponer sus intereses con las banderas de presuntos “ambientalistas y defensores de los derechos humanos”; prefieren que miles de familias de obreros del tren maya pasen hambre y cientos se queden desempleados.
Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal, responsables de este amparo en Yucatán y de la ONG Indignación A.C; quien ha abanderado todas las protestas y asesorías jurídicas contra el proyecto sexenal de Amlo del Tren Maya.
Los recursos legales empleados por las organizaciones civiles que han manipulado y explotado a los pueblos originarios; ahora han obtenido un amparo contra el Tren Maya, la obra prioritaria del Gobierno mexicano para el sureste del país, causando incertidumbre para las empresas constructoras y un fuerte golpe para las familias de miles de obreros que son contratados para los trabajos del proyecto.
La gran inversión por 6,294 millones de dólares, del Tren Maya que recorrerá cerca de 1,554 kilómetros en 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; en nada les afecta a las ONG’s; sólo les interesa “sus causas para justificar los millones de pesos que reciben de organizaciones internacionales”.
La Crisis se ha incrementado tras confirmarse esta semana la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el estado de Yucatán, por un juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal.
El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó el 15 de mayo pasado un consorcio integrado por la empresa española AZVI y las mexicanas “Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones” por 10,192 millones de pesos.
Además, la consultora española de ingeniería UG21 anunció el 23 de julio que ganó un contrato para la supervisión técnica y verificación de calidad de la construcción de la plataforma y vía del Tren Maya desde Calkiní, Campeche a Izamal, lo que también corresponde al tramo 3.
En el contrato de 223 millones de pesos también participan las firmas Coniisa (Consultoría Integral en Ingeniería) e Ipimsa (Ingeniería de Proyectos e Infraestructuras Mexicanas), filial de Prointec (Grupo Indra).
El tramo 4, de Izamal a Cancún, incluye dos estaciones en Yucatán, las de Chichen Itzá y Valladolid, por lo que el freno también podría afectar las obras nuevas del Grupo ICA, que obtuvo por adjudicación directa el contrato por 27,000 millones de pesos.
Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal, responsables de este amparo en Yucatán.
Por ahora, solo afecta a obras nuevas de Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso legal para frenar construcciones del segundo tramo, que va de Escársega a Calkiní, en Campeche
Los amparos contra el Tren Maya no afectarán al 90% del proyecto
El tramo 2 se adjudicó el pasado 30 de abril al consorcio liderado por la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por el magnate Carlos Slim, por una oferta económica de 18,554 millones de pesos.
Pese a estos recursos legales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado de la obra, argumentó que no se ha confirmado “definitivamente ninguna suspensión al Tren Maya”.
Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, manifestó a la agencia EFE que el Tren Maya terminará este 2021 con un avance del 30% “a como dé lugar”, pase lo que pase.
El Juzgado Tercero de Distrito concede suspensión definitiva de obras; no así del Tren Maya
El pasado 19 de febrero, tras la audiencia incidental del caso, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, ordenó la suspensión de obras nuevas del Tren Maya en lo que se resuelve el juicio de amparo en lo principal, es decir, los reclamos por falta de transparencia activa y participación pública.
Proviene del Juicio de Amparo 613/2020 que ordena suspender definitivamente las obras del Tren Maya en los Municipios de Mérida, Izamal y Chochola. Suspensión que golpea a la economía de cientos de familias de obreros y a la actividad empresarial y financiera de las constructoras contratadas para el Tren Maya.
