Crónica de la demagogia legislativa
El pasado fin de semana, el Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció que, bajo estrictas medidas de seguridad y control, comenzó la revisión de las firmas contenidas en las cajas que le fueron entregadas, en relación con las iniciativas ciudadanas para regular el trabajo no asalariado y el comercio popular en la Ciudad de México; en este sentido, la Ley Chambeando Ando cumplió con todas las características para que el Congreso local le dé el trato de preferente.
Sin embargo, este no es el caso del otro proyecto ciudadano presentado: la iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio público; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de México”, que al no haber sido presentada el 1 de septiembre, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana, carece del carácter preferente que se le está dando; esto quiere decir que, a pesar de no haber sido presentada en tiempo y forma como la Ley lo dispone, ya la metieron de cachirul.
Esto sucede después del escándalo que provocó la negligencia de los Diputados Nazario Norberto Sánchez, José de Jesús Martín del Campo, y sus demás compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales, por simular la supuesta transferencia de la documentación al INE, dejando en realidad, arrumbadas literalmente junto al baño y sin un protocolo de seguridad, las cajas que contenían la documentación de otro de los proyectos que pretenden valorar.
Este par de madruguetes que ha emprendido el Congreso de la Ciudad de México, se acompañan del intento de la Diputada Circe Camacho, por enviar a la congeladora la discusión de la regulación del comercio popular.
Ante la alerta que surge sobre el interés que ha demostrado el recinto legislativo de la ciudad, por burlarse de la democracia participativa de los ciudadanos a los que representa, habrá que esperar para ver si las instituciones que se involucren en este proceso, suman a la legitimación de este tipo de herramientas y refuerzan los canales de participación ciudadana que tanto bien nos hacen como sociedad.