“Culpables” ONGS de ultraderecha que quiten financiamiento a fundaciones altruistas

“Culpables” ONGS de ultraderecha que gobierno federal quitarán financiamiento a fundaciones altruistas. A nadie le conviene que paguen justos por pecadores. Por eso diferimos de aquellas voces que consideran a la sociedad civil como un instrumento de lucro, oportunistas, corrupción y ven como obstáculo y adversario al gobierno y a las nuevas modalidades del crecimiento y desarrollo; no comprenden que son un componente esencial de la gobernabilidad democrática.

Porque son muchos los retos que enfrentamos como país, desde las desigualdades sociales y económicas, hasta la consolidación del Estado de Derecho, como para no sumar esfuerzos y al contrario estén afectando y hayan provocado que las ONGS para la asistencia y altruismo no reciban ya los apoyos de la administración pública federal; coincidieron en el Foro El futuro de la sociedad civil en México, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; entre representantes de organizaciones sociales y legisladores, para analizar el papel de la sociedad civil en México a la luz de su pluralidad, el contraste con las mejores prácticas internacionales; un debate sobre el marco normativo vigente y los objetivos de las fundaciones que usan, abusan y son señaladas como “ultraderechas” y organizaciones civiles al servicio de intereses económicos y políticos de corporativos nacionales y del extranjero.

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Hay razones para sustentar que las organizaciones no son solo intermediarios de recursos y estar recibiendo financiamientos; son también constructoras de bienes públicos y de ayudar a ayudar.

En conjunto, las asociaciones civiles aportan anualmente, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El 85 por ciento sus ingresos, proviene de recursos autogenerados; en contrastes a las fundaciones que se construyen y viven por los recursos que reciben de sus bienhechores nacionales y extranjeros; que además ven al gobierno y toda acción de desarrollo y progreso económico en las ciudades y comunidades como algo negativo o nocivo para los “supuestos” objetivos de defensas de los derechos humanos y de las desigualdades; pero no actúan propositivamente; si no todo lo contrario, “todo lo ven mal”; y por esas asociaciones civiles pagan todas las consecuencias; como muchas que en su mayoría están en el sureste del país desde la CDMX, hasta la península de Yucatán.

Estos son: Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México).

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Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.), Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Cdmx); así como el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.);; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz).

Así como Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); el Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); también el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); además de la Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas); entre otras.

Existen en México aproximadamente 40,426 Organizaciones de la Sociedad Civil con Clave Única del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Portal de la Página de Indesol, 11 de marzo de 2019). De esas organizaciones registradas, menos de la mitad son donatarias autorizadas que se dedican preferentemente a la asistencia, mientras que más de la mitad son “no contribuyentes” que se dedican a las otras 15 actividades reconocidas por la LFFAROSC.

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Y una gran mayoría; se dedican a la defensa de los derechos humanos y de la pobreza; sin fin de lucro; recibiendo financiamiento de organizaciones del extranjero; sobre todo de Alemania y Estados Unidos. Pero que han sido fuertemente cuestionadas hasta por el gobierno de la República por estar defendiendo intereses que no son coherentes con sus objetivos para el objetivo que solicitaron su registro como asociación civil; como lo mandata la ley de asociaciones.

El caso es que la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil mexicana no son ni quieren ser afectados, por otras que pierden el rumbo por otros motivos e intereses y abusen de la libertad que dan las normatividades en bien de la sociedad.

Lucha contra la corrupción en ONGS

Precisamente eso ha dado pauta para indagar los malos manejos de los financiamientos;  “La lucha contra la corrupción necesita de una sociedad comprometida con la rendición de cuentas y esto sólo se puede lograr generando espacios de participación en los cuales las personas asumen sus derechos y obligaciones, y no sólo como sujetos pasivos a la espera de políticas asistencialistas, que si bien pueden ser necesarias en ciertos casos, lo más importante es fomentar una cultura cívica y política que permita construir una mejor sociedad, lo cual fue uno de los grandes pendientes de la transición o alternancia democrática en nuestro país y las OSC son centrales para lograr lo anterior; de la misma manera sean transparentes y cumplan con sus reportes o resultados ante el SAT.

Si bien en los últimos años se ha abusado del uso de las figuras jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil para transferir y abaratar funciones que son competencia del Estado, para acceder a recursos que acaban en el bolsillo de servidores públicos, de líderes y partidos políticos ; de empresarios; de los miembros fundadores; es de reconocerse que el propio Estado cuenta en razón de la normatividad que regula el funcionamiento de las organizaciones, con información detallada sobre su quehacer, los recursos públicos que manejan, los resultados que tienen, el personal que ocupan. Es decir, hay una disponibilidad amplia de información que puede ser usada para verificar el buen o mal uso de los recursos que se transfieren a las organizaciones y para verificar la enorme desigualdad que prevalece en su distribución y además en el uso que se le está dando al financiamiento.

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Por esas fundaciones que ven siempre al gobierno y a los proyectos de empresas que traen beneficios económicos y empleos como sus enemigos; el país canceló los escasos recursos públicos que se destinan a apoyar las actividades de las pequeñas organizaciones civiles; que  significan la destrucción de capacidades de atención y protección de las personas migrantes, de las personas con VIH, de las víctimas de violencia doméstica extrema, de personas con adicciones, de poblaciones callejeras, entre otras y pone en riesgo su integridad y sus vidas.

“Culpables” ONGS de ultraderecha y capitalistas, pagan las que realmente defienden a los más necesitados.

“Las OSC cumplen una función fundamental en la promoción del desarrollo social o sostenible, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de una ciudadanía plena para alcanzar un estado democrático. Brindan atención especializada y/o servicios fundamentales a los sectores más vulnerables de la población; contribuyen a visibilizar problemáticas que no están siendo atendidas; integran diagnósticos situacionales (cercanos a las necesidades locales); generan modelos o propuestas innovadoras, promueven la transparencia y la rendición de cuentas, así como la eficiencia de la gestión pública”.

Las organizaciones de la sociedad civil son un elemento constitutivo de cualquier sociedad plural como la mexicana, porque no hay democracia sin sociedad civil, y tampoco puede haber sociedad civil sin condiciones mínimas de apertura democrática.

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Pero es lamentable que haya fundaciones que ya perdieron sus objetivos para las que fueron creadas y son reactivas a todo lo que se mueva; promoviendo divisiones y defensas de otros intereses, políticos, religiosos y económicos.

Cómo lograr la unidad del sector ante las amenazas que enfrenta? Estas y otras cuestiones se plantearon en el Foro El futuro de la sociedad civil en México, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Una reunión de trabajo entre representantes de organizaciones sociales y legisladores, para analizar el papel de la sociedad civil en México a la luz de su pluralidad, el contraste con las mejores prácticas internacionales, y un debate sobre el marco normativo vigente.

Ante tal situación que viven las asociaciones civiles, pagando las consecuencias e irresponsabilidades de otras; se alzan voces para poder salvar a las auténticas asociaciones civiles.

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Voces que cuestionan a ONGS

Mancera Espinosa aseguró que es muy importante que este Gobierno reconozca a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como la parte de la sociedad organizada con tareas de construcción social.

En su oportunidad, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que se deben generar condiciones para que los trabajos de las organizaciones se plasmen en la legislación y en la transformación de las instituciones.

Hoy las batallas de las organizaciones civiles se traducen en la exigencia de verdaderos mecanismos de Parlamento Abierto para incidir en la confección de normas como el Sistema Nacional Anticorrupción y la Guardia Nacional.

Debemos plantearnos, dijo, cuál es el futuro del Estado y las instituciones frente al empuje de la sociedad civil y sus causas para coordinarnos y facilitar su labor.

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En su participación, el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, reconoció que, gracias a la lucha de la sociedad civil organizada en la historia de nuestro país, se han creado legislaciones y órganos autónomos que fomentan la gobernabilidad democrática. Se debe buscar la forma de mantenerlos ante el riesgo de su desaparición; pero si es urgente revisar a las “revolucionarias”; destacó que las Organizaciones de la Sociedad Civil son elemento necesario para todo gobierno democrático y se debe luchar por las causas justas y no abusar  por ser asociaciones civiles.

Se identificó que el principal reto de las OSC no pasa sólo por revertir el recorte a los fondos que anualmente le han destinado los últimos gobiernos; es necesario, lograr que el actual gobierno federal modifique sustancialmente su valoración sobre el reconocimiento, el alcance y las posibilidades de su participación en la vida pública del País. Urge cambiar el concepto de que las OSC son un intermediario que sólo dispersa recursos a partir de una intermediación inútil, que sólo provocan corrupción.

Las mejores prácticas internacionales reconocen que la vocación y responsabilidad de las OSC es fomentar la organización de la ciudadanía para facilitar alternativas de desarrollo, mejorar su bienestar y favorecer el ejercicio pleno de sus derechos.

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Representantes de organizaciones social y legisladores, coincidieron en la necesidad de reformar el esquema vigente, por uno que se ajuste a los principios internacionales suscritos por México, que fomente la integración e interacción de las OSC y garantice condiciones de operación y financiamiento, además que les permitan colaborar con el gobierno en el desarrollo de la cultura democrática y del bienestar social. Para eso fueron registradas; no para ser negativas y vivan en la confrontación con el desarrollo, la gobernabilidad y los gobiernos.