Ejemplar Juicio contra activistas de Greenpeace por daños y desobediencia

Al banquillo tras prosperar la acusación particular de la empresa Azata del Sol; participaron hace 7 años en una acción reivindicativa en 2014 en el hotel construido en el paraje de El Algarrobico (Almería). Histórico que pongan alto a los excesos de la ONG.

A siete años que sucedieran los hechos; de abusos; excesos y desobediencia se vive un acontecimiento trascendental de procuración de justicia a la empresa del hotel El Algarrobico que sufrió los embates de “los activistas de Greenpeace”, organización civil con más de 3,2 millones de socios que tiene ahora en 2021; Greenpeace International, que tiene su sede en Ámsterdam, Países Bajos, con 26 oficinas regionales que operan en 55 países. Es una organización con millonario presupuesto y una fuerte estructura  mundial.​

Este juicio es ejemplar sobre todo para que las ONGs; no excedan y la procuración de justicia le dé la sanción o castigo a quien por derecho le corresponda.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ha abierto juicio oral contra los 28 activistas de Greenpeace que participaron en una acción reivindicativa en 2014 en el hotel construido en el paraje de El Algarrobico (Almería), quienes se enfrentan a penas de un año de prisión y multa de 24 meses a razón de seis euros al día.

El edificio, construido a 50 metros del mar, está condenado a la demolición según varios fallos judiciales en los últimos años, aunque la maraña de pleitos y recursos alrededor del caso no lo ha permitido todavía, pendiente de algún pronunciamiento final de la justicia o de una hipotética negociación entre las Administraciones y la empresa promotora.

Este viernes, la audiencia Nacional ha negado a la promotora, Azata del Sol, la indemnización de más de 70 millones de euros que pedía al Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por no haber frenado al principio la construcción del hotel.

Los activistas se sentarán en el banquillo tras prosperar la acusación particular de la promotora, Azata del Sol, ya que la Fiscalía no ha formulado escrito de calificación al considerar que, a lo largo de la investigación judicial, “no ha aflorado ningún indicio que acredite lo que hizo cada una de las personas identificadas” y, en particular, “si ocasionaron algún daño concreto”.

El auto que abre juicio oral, que deberá sustanciarse en un juzgado de lo Penal, imputa a los acusados la presunta comisión de delitos de daños, por el que la promotora del hotel pide multas de 24 meses a razón de seis euros al día, y de desobediencia, por el que solicita 12 meses de cárcel. Al margen, pide una responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, de 186.000 euros, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Sostiene que los activistas accedieron presuntamente al hotel, pintaron la fachada de negro con la leyenda “Hotel Ilegal”, que “fracturaron las puertas” y que, al ser requeridos por agentes de la Guardia Civil para que cesaran y depusieran su actitud, supuestamente desobedecieron tales órdenes.

La causa penal que ahora ha llegado a juicio oral fue archivada por el juzgado instructor, si bien en segunda instancia se ordenó su reapertura en 2017 tras la impugnación de Azata del Sol. Tanto juez como fiscal concluyeron entonces que los investigados “no tenían la intencionalidad de dañar propiedad ajena”, sino que era “una manera de protestar”.

La Fiscalía, que siempre ha pedido el sobreseimiento, estima que “prima el componente simbólico al material” y mantiene que, dados los pronunciamientos judiciales contrarios a la legalidad del hotel, si se llevase a cabo la demolición, “los desperfectos quedarían sensiblemente anulados o disminuidos”.

Para reabrir la instrucción, la Audiencia Provincial de Almería consideró “debidamente justificada la perpetración del presunto delito de daños” en el transcurso de la que entonces era la sexta acción del colectivo conservacionista en el establecimiento, y que consistió en dibujar un punto negro de 8.000 metros cuadrados en la fachada con la leyenda “Hotel ilegal” para exigir su desmantelamiento inmediato.

Remarcó para ordenar la reapertura que “nada justificaba la realización de los mismos” y concluyó que la existencia de procedimientos en el orden contencioso administrativo en torno a la legalidad del hotel era “un hecho divulgado por los medios de comunicación”, pero que “ni alcanza el nivel de hecho notorio, ni obra reflejado en modo alguno donde debería estarlo, es decir, en las diligencias previas”.

“El atestado, además, identifica a una considerable cantidad de personas, entre 30 y 40, integrantes del grupo, que, de modo unitario, entraron en el lugar provisto del material de pintura, identificando a algunos partícipes que, siempre según aquel, admitieron ante la Guardia Civil su actuación”, finalizaba la resolución.

Fueron más de un centenar de activistas de Greenpeace, según los organizadores, los que acudieron el 10 de mayo de 2014. Esta acción se produjo apenas mes y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitiera un segundo pronunciamiento, que después fue revocado pero que, en ese momento, contradecía el anterior dictado por el mismo órgano en el que declaraba el terreno de El Algarrobico como urbanizable, lo que a juicio de Greenpeace, no hacía más “que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley”.

Para el abogado de Greenpeace, se da una “situación auténticamente surrealista” en la que se “piden daños a un edificio ilegal que está condenado a la demolición”

Cuatro días después de esta acción, un centenar de vecinos de Carboneras acudieron al hotel para modificar la pintada realizada por los activistas y cubrir de negro la i de “ilegal” para reivindicar así la apertura del edificio ya que, según ha defendido una parte de la población, sería “beneficioso” para la localidad “en cuanto a generación de puestos de trabajo y riqueza”.

El abogado de Greenpeace, José Manuel Marraco, ha indicado que, a los siete años de que sucedieran los hechos que ahora se van a enjuiciar, se da una “situación auténticamente surrealista” en la que se “piden daños a un edificio ilegal que está condenado a la demolición”. “Parece un poco incongruente que se pueda condenar por esto cuando es un edificio que acumula un sin fin de sentencias declarando su ilegalidad”, ha concluido.

Agencias e Información de El País.