El gobierno mexicano actuó de manera tardía en la prevención de la epidemia de obesidad: reporta la revista científica Obesity
Ciudad de México, 05 de Octubre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Un artículo publicado en la revista científica Obesity titulado: Tratar la obesidad en México con seriedad: La comprensión, tardía, de la necesidad de acción inmediata realizado por Simón Barquera y Mariel White del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) da cuenta de los grandes fallos en la respuesta del gobierno para prevenir y tratar la obesidad.
El texto señala que México declaró una alerta epidemiológica en 2016 después de comprender de una manera mucho muy tardía su situación crítica en la que más de 72% de su población adulta padece de sobrepeso u obesidad y donde tiene lugar casi 100,000 muertes relacionadas con la diabetes todos los años.
A pesar de estas estadísticas alarmantes, no fue sino hasta 2010 que el gobierno diseñó un plan nacional para combatir la obesidad con el que se lograron avances en 2014 cuando se estableció un impuesto especial a las bebidas azucaradas, el cual mostró una reducción en el consumo durante dos años consecutivos y durante el mismo periodo se observó un aumento en el consumo de agua.
Sin embargo, la interferencia de la industria en el diseño e implementación de medidas como un etiquetado frontal entendible, la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia y la regulación de la venta de productos chatarra en escuelas no ha permitido que éstas sean realmente efectivas para lograr un mayor impacto en la salud de los mexicanos. Además, es imprescindible que estas políticas públicas estén libres de conflicto de interés.
Por otro lado, el artículo también destaca el fracaso del gobierno para invertir recursos y contrarrestar la epidemia de obesidad. El presupuesto nacional de salud ha recibido recortes desde el 2013. El gasto en salud para ese año constituía 3.1% del presupuesto, hasta tan solo 2.3% en 2018, lo que equivale un recorte de 5.1 mil millones de dólares estadounidenses.
Los autores declaran que los fondos asignados a la prevención y el control de la obesidad y la diabetes han sido aún más limitados al no haber jamás llegado al 1% del presupuesto en salud. De acuerdo con ellos esto podría interpretarse como: “los fondos para este rubro, que se reducen año con año, ilustran la falta de voluntad de México para lidiar de manera efectiva con la obesidad y con las comorbilidades que la acompañan.”
Señalan que, para tratar y manejar la obesidad, la estrategia del sector salud debe mejorar drásticamente. A la mayor parte de los profesionales en este ramo no se les enseña cómo indicar una dieta correcta, cómo promover la actividad física y las modificaciones al estilo de vida que son necesarias para evitar y controlar la obesidad, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles.
Además, el seguimiento del IMC, el diagnóstico y el tratamiento no son procedimientos estandarizados en los centros de atención primaria; los criterios para el tratamiento de la obesidad están desactualizados y no incluyen de manera homogénea recomendaciones basadas en la evidencia ni fármacos aprobados por la Secretaría de Salud, lo cual genera confusión entre los profesionales.
Incluso más inquietante que lo anterior es que no se exija por ley a las clínicas de atención primaria en México a que contraten nutricionistas titulados, y si se les llega a contratar es en lugar de personal de enfermería o de trabajo social, lo cual mina la capacidad de ofrecer un abordaje integral al tratamiento.
No obstante, en medio de las recientes elecciones presidenciales, los autores ven con esperanza la posibilidad de un cambio en el sector salud, el cual, en conjunto con la sociedad civil podrían colaborar para fomentar y apoyar la acción gubernamental y la inversión en políticas de prevención económicamente viables, tales como: 1) el etiquetado frontal que advierta de productos alimenticios y bebidas poco sanas, 2) la regulación efectiva de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia y 3) la regulación y la promoción para proteger la lactancia materna exclusiva. Del mismo modo, el impuesto actual a las bebidas azucaradas debe reforzarse y elevarse para proteger el diseño y la implementación de las políticas públicas sobre nutrición de los conflictos de interés y de la interferencia de la industria.