En el país, sólo 8% de las empresas de exploración del subsuelo son mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO, a 7 de septiembre 2019 (NOTICIASCD.MX / AMPRYT).- En México existe disparidad respecto al capital de origen de las empresas dedicadas a la exploración del subsuelo, pues sólo ocho por ciento de ellas son mexicanas, afirmó Aleida Hernández Cervantes, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

Esa situación afecta de manera primordial a pueblos y territorios indígenas, por lo que es importante conceptualizar y sistematizar las estructuras jurídicas del despojo. También, analizar actores económicos y sociales de la actual fase de acumulación por desposesión, como las empresas transnacionales, los organismos económicos internacionales, los Estados nacionales las organizaciones sociales y los pueblos.

De las 476 compañías establecidas en el país para realizar dicha actividad, 437 son de capital extranjero: 336 de inversión canadiense y 44 estadounidense, según datos del Anuario de Actividades Extractivas de 2018, de la asociación civil FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.

Además, los proyectos mineros en nuestro territorio pasaron de 667 en 2010, a mil 531, en 2018, es decir, más del doble en ocho años, señaló la universitaria.

En la presentación del seminario internacional “Derecho, despojo y luchas sociales”, indicó que existen 312 proyectos en operación vinculados a rubros como transporte, electricidad e hidrocarburos. Por ejemplo, hay 21 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, operados por empresas como Iberdrola, Peñoles, Eólica de Francia y Gamesa.

El seminario se realiza con el propósito de conceptualizar y sistematizar “las estructuras jurídicas del despojo que vivimos, para ubicar sus características, fuentes jurídicas y los efectos de su aplicación”, remarcó su coordinadora.

En el encuentro, que reúne a especialistas de instituciones internacionales como las universidades de Berkeley y York, de EU, el análisis se contextualiza en torno a megaproyectos de desarrollo y políticas privatizadoras de lo público y lo común en México y otros países de América Latina.

Por ello, “ha sido preocupación fundamental de este espacio escuchar las voces de la academia y de los movimientos y organizaciones sociales”.

Al hablar de la desregulación como herramienta estatal para el despojo, Marisol Anglés Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que el nuevo movimiento neoliberal denominado acumulación por desposesión busca allegarse de la política interna del Estado para colocar a los bienes públicos en el mercado, a efecto de que el capital acceda a ellos de manera preferente.

“Así lo vemos en la nueva terminología que hoy se usa, como ‘utilidad pública’, ‘interés social’ y ‘actividades estratégicas’. Antes, cuando se hablaba de las dos primeras se visualizaba el bienestar de las mayorías; hoy hace referencia a los intereses de las empresas. Además, en el pasado era impensable que una actividad estratégica estuviera en manos privadas, y ahora lo están”.

La especialista definió desposesión y despojo. La primera se relaciona con el fin de la relación de posesión del sujeto con el objeto material o con un derecho. Los pueblos pueden ser desposeídos de su cultura, territorio, creencias, valores, espacios o relaciones; ello puede ocurrir por un acto voluntario del titular o en contra de su voluntad.

En la mayoría de los casos ocurre en contra, y puede ser por un acto lícito y pacífico que puede incluir actos de simulación que hacen sentir a las comunidades que son consultadas o consideradas. Pero también pueden llevarse a cabo por hechos violentos o fraudulentos, y entonces se llama despojo. “Nuestros pueblos están siendo despojados y desposeídos”.

Anglés Hernández subrayó que la violencia no es sólo física y evidente, sino simbólica, por presiones indirectas, por controles a través de subsidios y formas de criminalizar a las propias comunidades.

Por último, expuso que en la lista de herramientas estatales para el despojo se incluyen reformas constitucionales, legislativas y reglamentarias; celebración de consultas a modo; otorgamiento de concesiones, permisos y licencias; decretos expropiatorios e, incluso, declaratorias de áreas naturales protegidas, que pueden violentar derechos de los pueblos y comunidades.

*Con información de la UNAM