En PEF 2019 avalamos suprimir privilegios al servicio público pero con responsabilidad y no por ocurrencias: Antonio Ortega

Ciudad de México, 25 de Noviembre  (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).-A unos días de que el gobierno entrante haga entrega del paquete presupuestal 2019 a la Cámara la Diputados; Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda exhortó a sus contrapartes a suprimir sí, los privilegios y excesos de los servidores públicos; pero “cuidar que las tijeras no sean tan grandes” que ello termine por provocar problemas graves en el funcionamiento de las instituciones del país como el hecho de prescindir de personal altamente capacitado en áreas estratégicas.

“No se trata de ahorrar por ahorrar, de suprimir gastos a diestra y siniestra. Un buen gobierno se caracteriza por el tipo de obras que realiza; por el tipo de programas que impulsa. Asume su perfil de buen gobierno cuando la obra pública tiene, no el propósito de obras de relumbrón que garanticen el aplauso fácil, sino que incidan en el desarrollo y generen un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos”, afirmó.

En este sentido, planteó que los ajustes que se realicen, no deben afectar “la experiencia profesional, técnica, y especialización que requieren diversas áreas de la administración pública”. También pidió no alterar al municipio libre y la división de poderes como bases esenciales de nuestro régimen político basado en el federalismo”.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reconoció que, efectivamente, se deben suprimir gastos suntuarios, onerosos y que son privilegios inaceptables, e  incompatibles con el servicio público; optimizar los recursos, darles un mejor uso; pero es fundamental ser muy responsables para decidir qué programas fortalecer, reorientar y cuáles eliminar.

“Esto debemos hacer no con ocurrencias, sino basados en estudios e indicadores que nos muestran objetivamente la realidad”, dijo.

Por ejemplo, añadió, en las últimas fechas se ha satanizado el Ramo 23 generalizándolo con prácticas corruptas y, en parte, se tiene razón; pero dentro de ese mismo hay programas y fondeos de gran utilidad en la vida de los ciudadanos como son los proyectos de desarrollo y programas regionales, así como el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México que contempla temas de seguridad para esta urbe. Entonces –expuso- “tengamos mucho cuidado y no vayamos a tomar decisiones equivocadas por desaparecer este Ramo”.

Ortega Martínez refirió que los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios (por medio de participaciones, aportaciones, ramos, fondos, subsidios y convenios) son esenciales porque a partir de ellos, estados y municipios nutren sus finanzas para atender temas como educación; salud, infraestructura social; seguridad pública; sistema de pensiones y deuda pública, entre otros.

En un esfuerzo por fortalecer las finanzas del país y que, en su caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda cumplir con los objetivos de su agenda de gobierno, aumente y devuelva facultades y obligaciones tributarias a estados y municipios; que haya una mayor profundización en las políticas y criterios para estimular y castigar a aquellas entidades que incumplan sus objetivos y metas en sus mecanismos de evaluación.

También, que se modifique la discrecionalidad de Hacienda para cambiar el presupuesto y reasignar recursos a estados y municipios; de modo que se disponga:
-Fijar como “criterio de ajuste”, al presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados: Si la modificación es de 0 a 5 por ciento, debe comunicar la decisión.
-Si la modificación es de 6 a 10 por ciento, debe comunicar a la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo

Finalmente, el diputado federal recomendó reformar la Ley de Coordinación Fiscal que resuelva la injusta y centralista asignación de los recursos presupuestales, aumentando participaciones a los estados y municipios; modificar el criterio de asignación de recursos a los estados y regiones con menor desarrollo económico y social, integrando índices de población; pobreza, etcétera; la capacidad regulatoria y de gasto ordenado; y por último, garantizar que las ministraciones de recursos a estados y municipios se ejerzan en tiempo y oportunidad, específicamente al principio y al final del año.