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FRANCISCO RODRÍGUEZ

En un país donde el rufián es admirado, en una tierra devastada por la corrupción galopante es muy difícil acusar a alguien con todas las pruebas en la mano. De eso se han valido desde la remota antigüedad los mamarrachos, los que han caído sobre nuestra humanidad confiando en todos los mantos impunes. Todos exigen pruebas, nadie pasa por el expediente de la moralidad ni de la honestidad.

Cuando el pueblo mexicano se pare frente a la boleta de la consulta popular el próximo 21 de marzo –si es que se concreta el compromiso presidencial de llevar a cabo una consulta popular para juzgar las fechorías de los presidentes de los últimos 36 años–, y señale a los corruptos debe estar consciente que es muy difícil que pueda ofrecer pruebas en el acto del mandato cívico. Nadie trae en las manos los expedientes de la truculencia, lo único que lleva es la conciencia del juicio público contra los traidores. La condena y la repulsa nacida de la indefensión y de la dignidad.

El 21 de marzo muy probablemente el pueblo externara su opinión. Es muy difícil que ahí mismo se condene, pues no es propio de la consulta popular emitir un razonamiento vinculatorio ante la ley. Es un termómetro del sentimiento nacional, quizá el mejor que se tenga para formar un consenso que apoye la identidad de la patria y la esperanza del cambio en los términos de la justicia colectiva.

Eso sí, es casi seguro que los mamarrachos contesten al horrísono que nadie tiene pruebas para condenarlos. Así es, lamentablemente, porque el manto de las judicaturas los han cubierto previamente de un velo de inocencia que requiere ser impugnado. Es la hora para decirle al mundo que los mexicanos tenemos memoria histórica y valor para denunciar los atropellos y exigir castigos ejemplares.

Sus agravios no alcanzan perdón, ni siquiera la sospecha de la buena fe

En lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que los jueces los han exonerado de los delitos que ellos mismos han escogido a modo para ser evaluados. Simples triquiñuelas del derecho privado que no causan estado legal. Para ello, recurrieron previamente a los jueces venales y éstos les obsequiaron la exoneración o la duda.

Desafortunadamente para todos ellos han incurrido en delitos graves de los que no pidieron ser exculpados y que constituyen ofensas extremas al interés superior de la Nación. Y desde la más remota antigüedad este tipo de agravios, viniendo de cualquier autoridad constituida no alcanzan perdón ni siquiera la sospecha de la buena fe.

Los delitos contra el patrimonio colectivo, contra las riquezas nacionales, contra la entrega de territorios a los mercachifles no tienen manera de prescribir. Son tan graves que permanecen para todo el tiempo en espera de ser juzgados. Es así desde los orígenes del derecho mexicano, desde la legislación romana.

El perdón no es para borrar las infamias cometidas contra todo un pueblo

El robo a los presupuestos públicos, el peculado, el prevaricato maquinado para torcer la interpretación de la ley en favor de los escogidos, el uso de la justicia para endurecer las penas de los adversarios, el uso del poder para desmantelar, deshacerse de los bienes públicos, para favorecer a los enemigos del país no tiene límites en la aplicación de la justicia.

La complicidad con las bandas delincuenciales del narcotráfico para matar a medio millón de mexicanos inocentes los últimos doce años no puede alcanzar perdón, menos olvido. El perdón es una figura legal concebida para favorecer a alguien que ha causado un daño personal al querellante, no para borrar las infamias cometidas contra todo un pueblo.

Si hay un concepto que está por encima de la ley escrita, ése es el del interés público. El concepto de interés público define desde las modalidades de la propiedad privada concesionada por el Estado, hasta aquéllos renglones en los que el pueblo apoya su esperanza, la raíz de su conciencia popular.

‎En el concepto del interés superior de la Nación, el que sintetiza la voluntad de vivir en coexistencia, se basan los conceptos de la soberanía, la independencia nacional y el decoro de la patria. Cualquier traidor a ellos es un delincuente de lesa majestad que no tiene ningún recurso posible para intentar probar su inocencia.

Antecedentes: en Chile, para condenar a Pinochet; en España, al franquismo

Al someter al escrutinio popular las conductas de los últimos cinco presidentes de la República, los del llamado neoliberalismo corrupto, se busca saber cuál es la opinión popular sobre sus mandatos. Si prometieron defender la Constitución, en qué medida cumplieron su promesa o en qué medida traicionaron a sus electores… si es que de verdad los tuvieron.

No hay manera de saberlo, hasta después del ejercicio de las consultas populares, una especie de referéndum, hasta hoy no vinculatorio en términos constitucionales –falta la reforma al artículo 35 constitucional para que así sea– pero demasiado oneroso en términos de la conciencia pública sobre su pasado reciente, sobre la agonía que le causaron a este país.

Pero el pueblo deberá armarse de valor para juzgarlo, para condenarlo. Y deberá revestirse de recuerdos para incluir en esa lista a todos aquéllos que considera delincuentes en grado lesivo a la Nación en base al catálogo de infamias cometidas durante y después de su desempeño. Las pruebas podrían ofrecerse después, cuando así lo obligue el tamaño de las imputaciones.

No estamos todavía acostumbrados a esta modalidad de juicio popular. Lo único que podemos recordar es que otros pueblos, en idénticas condiciones lo hicieron en el pasado para reforzar su identidad. Fue el caso del pueblo chileno al condenar la dictadura de Pinochet, y el del pueblo español cuando decidió liberarse del franquismo y formar una nueva República.

Politiquillos que se disfrazaron con la banda presidencial para robar y masacrar

México está entrando a una edad madura de conciencia cívica y de recapitulación de todos los errores que nos llevaron a padecer tiranías encubiertas por los jueces, dictaduras disfrazadas de guardianas del orden público, reformas estructurales que hicieron de esta Nación una patria en subasta.

Politiquillos que se disfrazaron con la banda presidencial para robar, torturar, masacrar en plena inmunidad, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, líderes sindicales, caciques regionales que hicieron de este país una Jauja a su servicio particular. Gentuza de la peor ralea que defraudó, liquido y destruyó las bases de la convivencia civilizada.

Todos, personajes que abusaron del poder omnímodo que les prestó la ciudadanía en su momento para hacer cera y pabilo las cruzadas contra la pobreza, contra la salud, contra la educación, contra el respeto a la voluntad democrática. Ellos son ahora los que tendrán que someterse a la prueba del ácido para probar su inocencia.

Se trata de tomar posición sobre algo que jamás debe volver a suceder

¿Hasta dónde el ejercicio de la consulta popular, si la hay, creará raíces entre nosotros? Es una pregunta que sólo habrá de ser solventada por el entusiasmo y el fervor con el que los mexicanos acudamos a las urnas en este inicio de la primavera.

¿Hasta dónde decidiremos si esto podrá ser el único de los juicios penales y constitucionales correspondientes? Depende del pueblo y su conciencia de apegarse a la civilidad de las consultas y responder así hasta dónde tiene el ánimo de llegar para concretar sus opiniones políticas sobre el estado general de la Nación.

Se trata en esencia de saber qué piensa el pueblo mexicano sobre el gobierno de las últimas décadas. Se trata de que se tome posición definida sobre algo que jamás debe volver a suceder. Se trata de inaugurar una nueva época en la conducta del depositario supremo de la soberanía nacional: el pueblo.

Es un referéndum sobre nosotros mismos. Sobre el presente y sobre el futuro que deseamos para nuestros descendientes.

Si hay consulta popular –porque hasta ahora no se ven aprestos–, ¿usted ya está listo?

Índice Flamígero: Una semana antes de tomar posesión del cargo de Presidente de la República, el 22 de noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió que este próximo 21 de marzo habría una consulta popular sobre tres temas:la Guardia Nacional –que ya se aprobó, sin necesidad de consultar a la ciudadanía–, juzgar a ex presidentes por posibles actos de corrupción y si debe tener un consejo asesor empresarial. Condicionó, eso sí, que dicha consulta tendría que realizarse ya con las reformas al artículo 35 constitucional para que la organizara el Instituto Nacional Electoral (INE) de manera formal. “Es muy probable que la consulta para decidir sobre la Guardia Nacional la hagamos el 21 de marzo. El 21 de marzo yo espero que ya esté el artículo 35 y la propuesta que voy a hacer es que para entonces el INE pueda llevar a cabo esa consulta “, dijo Obrador en entrevista con Azucena Uresti en Milenio.

Aclaró que la Guardia Nacional “va a depender de lo que decida la gente porque también lo vamos a consultar”. Un día antes, el miércoles 21, en entrevista con Carmen Aristegui, AMLO aceptó realizar una consulta sobre los tres temas referidos. La primera pregunta sería: “¿crees que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista? Sí o no”. La segunda sería: “¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? Sí o no”. La tercera, precisó a Milenio, sería: “Está proponiendo el Presidente de la República que se integre la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y se constituya una Guardia Nacional, para garantizar la seguridad pública en el país ¿Estás de acuerdo? Sí o No”. El caso es que no ha habido siquiera una iniciativa para reformar el 35 de la Carta Magna, ni el INE ha organizado consulta alguna. ¿Habrá o no? Y si no la hay… ¿cuánto de su capital político perderá AMLO? + + + Por tener la visión y el coraje de liderar la lucha durante la creación del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y su incansable lucha contra las injusticias sociales que comenten la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Aguakan, así como su destacada aportación en el combate a la inseguridad otorgan a Marciano Toledo Sánchez el galardón “Benemérito Benito Pablo Juárez García” en grado de Doctor Honoris Causa y la medalla Benito Juárez García que otorga el Claustro Académico Universitario en conjunto con el Centro Educativo Universitario de Morelos y la Universidad de Xalapa. ¡Enhorabuena!

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