Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

· Otra vergonzosa herencia del Viejo Régimen

· Imperativo, resarcir los daños a las víctimas

​Dolorosos Idus de Marzo​

Tan prioritario, como la seguridad y la justicia y el sistema nacional anticorrupción, abordados en la entrega de este miércoles 4 de julio, es la pesadísima carga de la violación de los derechos humanos de muchos miles de mexicanos.

La violación de los derechos humanos es uno de los más pesados lastres, herencia del “Ancien Régime”, como le llaman los francófonos al Viejo Régimen, en nuestro caso, el encabezado por lo que se ha dado en denominar PRIAN, integrado por la otrora “Aplanadora” revolucionaria, el PRI, y su socio, el también veterano Partido de Acción Nacional, ambos ahora de derecha católica y defenestrados por la abrumadora votación, del primero de julio, en favor del nacionalista Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

De violaciones a los derechos humanos está empedrado el camino hacia el infierno de los Peña Nieto y de los Calderón Hinojosa quienes, so pretexto de combatir al narcotráfico y a las bandas de lo que ellos llaman delincuencia organizada, permitieron a los cuerpos militares y policiales toda clase de tropelías contra la población, contra los detenidos acusados de narcotraficantes, secuestradores, violadores, feminicidas, contra periodistas y contra defensores de los derechos humanos, así como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos sin orden judicial, entre otros delitos amparados por lo que se denomina la violencia del Estado, bajo permiso de una convenenciera interpretación del derecho penal.

En este tenor, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y Misereor –organización auspiciada por el Episcopado Alemán en apoyo al desarrollo económico y social– han exhortado al pueblo mexicano a pedir que el tema de los derechos humanos sea prioritario en la nueva administración, por la “situación desastrosa” que ha dejado el gobierno saliente.

De acuerdo con los deseos de la Coordinación y Misereor, “el nuevo gobierno deberá instituir una fiscalía pública, reformada e independiente, para que trate jurídicamente los casos de graves violaciones de derechos humanos que dominan el país desde 2006, cuando se proclamó la ‘guerra contra el narcotráfico’”, lo que consideraron como la gran deuda con los familiares de víctimas. Es de esperarse, por obvias razones, que el nuevo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, esté de acuerdo con la sugerencia de estos defensores de los derechos humanos y actúe en consecuencia, pero ya, dando otro golpe sobre la mesa, porque está de por medio el sufrimiento de cientos de mexicanos que se pudren en las cárceles, por ejemplo, sin acusación alguna, o acusados por delitos que jamás cometieron, con sólo la presunción de culpabilidad. Es realmente indignante que muchos mexicanos se encuentren abandonados en los reclusorios sin derecho a un juicio y a que un juez compruebe su presunta culpabilidad, porque para ellos no se presume inocencia, a pesar de que este principio está ya inscrito en el texto constitucional.

En condiciones aún más deplorables deben de encontrarse muchos mexicanos desaparecidos que están encerrados en mazmorras, en donde podrían estar cientos de desaparecidos. También habrá que hacer caso a los familiares de las víctimas, que, en el caso de los desaparecidos, no saben absolutamente nada de su paradero, ni si están muertos o aún viven en esas mazmorras.

Las organizaciones alemanas resaltaron también la situación de violencia e impunidad contra periodistas. Tan sólo en lo que va de este año, cuando menos una decena de periodistas ha sido asesinada, sin que aparezcan ni los autores materiales ni los intelectuales de esos crímenes.

En el texto divulgado por el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, los defensores de los derechos humanos y promotores del desarrollo alemanes esperan que, con la nueva administración haya avances concretos referentes a la situación desastrosa de los derechos humanos. “Desde la perspectiva de los derechos humanos, México requiere de cambios estructurales fundamentales para combatir el inmenso nivel de impunidad y de corrupción”, explicaron.

Las organizaciones demandaron a la comunidad internacional un mayor apoyo para la derogación de la Ley de Seguridad Interior y la creación de una Comisión de la Verdad para Ayotzinapa. Además, consideraron que la instalación de un mecanismo internacional para combatir la impunidad podrá dar impulsos decisivos para que se mejore la situación de los derechos humanos de manera concreta.

Susanne Breuer, experta de Misereor para América Latina, manifestó que debería discutirse esa propuesta este mismo año ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dado que Alemania y Europa, como otros países, mantienen estrechas relaciones comerciales con México, “esperamos que el gobierno federal y el parlamento europeo incrementen sus esfuerzos para impulsar reformas en pro de un Estado de Derecho y no solamente tengan en mente las facilidades comerciales”, finalizaron.

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