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FRANCISCO RODRÍGUEZ

Ni el célebre Bugsy Siegel pudo con él. Cuando el mafioso envió a los matones del hotel Flamingo, de Las Vegas, a cobrarle las cuentas al abogangster Bernabé Jurado, se encontraron con que eso era imposible. Jurado estaba blindado por todas las complicidades del sistema. No había por donde entrarle. Era la representación misma de la inmunidad.

Si las deudas del rufián ameritaban acusarlo de posesión de psicotrópicos‎, sobraban compañeros de profesión que acudían al expediente de conseguirle un salvoconducto del secretario de Salubridad, quien no reparaba en jurar por ésta que Bernabé era un enfermo casi terminal, sujeto a medicamentos a base de opiáceos.

‎Jurado fue un criminalista huizachero, tramposo, hábil para corromper testigos y peritos. Así consiguió la exoneración en tan sólo 13 días del escritor estadounidense William S. Burroughs, quien de un balazo mató a su mujer, Joan Vollmer, en la Ciudad de México. Orquestó la fuga del siglo del penal de Santa Martha Acatitla y asesinó a su esposa.

Con el paso del tiempo, la figura de Bernabé Jurado ha llegado a ser la inspiración de varios penalistas que añoran los tiempos en los que se amarraban a los perros con longaniza. Y aunque el sistema de procuración e impartición de justicia sigue de cabeza, corrupto y desfondado, el crecimiento de la opinión pública es ya por fortuna un contrapeso.

Y así tenemos que hoy Javier Coello Trejo quiere utilizar las mismas mañas, pero nadie le ha recordado que eso ya no es posible. Coello, el torturador chiapaneco que Salinas de Gortari utilizó en los bajos fondos de la PGR viene de regreso por sus fueros en la defensa de Emilio Lozoya Austin y, como es natural, no reparará en mientes.

Javier Coello Trejo tiene amenazado a Peña Nieto

Para empezar, Coello cometió el improperio de presentar un amparo de suyo improcedente, alegando que nadie le notificó de la orden de aprehensión contra su cliente. Mientras esperaba la suerte que corría su amparo, le recomendó a Lozoya estar “tranquilo, sereno y tapadito”.

Insistiendo en que Lozoya‎ jamás firmó un contrato de compra con Ancira, aparente dueño de Altos Hornos de México –se dice desde siempre que en realidad es de Carlos Salinas de Gortari–, se fue en contra de todos los miembros del Consejo de Administración de Pemex en aquél tiempo: Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Ildefonso Guajardo, entre otros… y de paso contra Peña Nieto por haber autorizado la compra de la chatarra de Agronitrogenados.

‎Durante una entrevista para Noticieros Televisa, Javier Coello Trejo afirmó que Peña Nieto estaba al tanto de las operaciones que se llevaban a cabo en la petrolera, “porque en el país no se movía una hoja sin el mandato del Presidente”. Impecable la deducción. Útil no para la defensa de su cliente, sino como admonición de lo que sigue.

Padres y hermana de Lozoya Austin, bajo sospecha

Coello indicó que su cliente se encuentra en México y está a la espera de conocer los cargos en su contra para poder planear una estrategia de defensa, aunque la Fiscalía General de la República ya realizó cateos en las propiedades de Lozoya, incluidas las de sus padres y hermana.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el ex funcionario se entregue, su abogado Javier Coello Trejo indicó que eso dependerá de las acusaciones y si son delitos que ameritan prisión preventiva. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo.

El amparo, sólo para acompañar a su cliente a declarar

Lozoya, Videgaray, Meade, Peña Nieto, y los que se añadan esta semana están en jaque. Son acusados de delitos graves contra el interés superior de la Nación. No son delincuentes del orden común. Sus delitos no sólo ameritan prisión preventiva oficiosa, sino detención y cárcel inmediata. Aquí no hay medias tintas, ni huizaches que valgan.

Para un delincuente acusado de delitos del tamaño de los sobornos de Odebrecht, de la venta de la petroquímica de Pajaritos, de los crímenes causados por la falta de mantenimiento y de pericia de sus favoritos, del robo diario de un millón de barriles de crudo en las plataformas marítimas del Golfo de Campeche, no hay sólo una humilde prisión preventiva.

Si acaso el amparo fuera concedido sólo le serviría a su cliente para acompañarlo en el trayecto hacia la sala de prácticas, es decir, para sentarse a declarar. Para nada más. Los delitos de que se le acusa, junto a sus compinches de aventura, rebasan la posibilidad de la ley menor.

‎Yo no sé si el abogangster Coello Trejo, señor de horca y cuchillo en la PGR salinista, sepa que en materia de delitos graves contra el patrimonio de la Nación no cabe la prescripción, ni el olvido de cualquier autoridad. Sus efectos no se acaban, y cualquier ciudadano podrá pedir su castigo de aquí a la eternidad.

¿Tiene Salinas los tamaños para abogar por Peña y secuaces?

Nadie cree en el foro judicial que Carlos Salinas de Gortari pueda activar sus influencias para proteger al retoño. Está demasiado comprometido en otros asuntos que le incumben a su posibilidad de ser juzgado como para andar de candil de la calle. Ya no está la Magadalena para tafetanes. Los viejos pactos, si es que los hubo, ahora estorban e incriminan.

‎Porque, a la hora de la verdad, ¿usted cree que Salinas de Gortari tenga los suficientes tamaños para abogar en este asunto por Peña Nieto, Videgaray, Lozoya o incluso por él mismo?‎ El fuego está muy cerca de los aparejos. Los delitos cometidos en Pemex durante el periodo del neoliberalismo implican a toda la llamada clase política del pripanismo.

Detienen a capos de la droga y acusan a salinistas-peñistas

Y en esas andábamos cuando Carlos Slim aprovecha la distracción para embarcarse en declaraciones de apoyo al Presidente López Obrador, después de que Donald Trump anunciara la improbable aplicación del 5% de aranceles in crescendo mensual a las exportaciones mexicanas. Un buen pretexto.

Pero Carlos Slim juega a dos bandas. Porque él también está involucrado en todos los negocios sucios, el desfalco, los robos de combustible en altamar y les entrambuliques petroleros. Debe tener su resguardo, porque la tormenta que se avecina puede arrasar con todo, de una sola vez.

Y si usted añade que, como si fuera coincidencia, en estos momentos están siendo detenidos algunos capos de la droga que han puesto en sacrificio varias regiones de este país, completa el cuadro de crimen y corrupción que rodea el caso Lozoya – Peña – Salinas – Videgaray, etc. Nada es casualidad. Todo cuadra.

A amarrarse los machos y mostrar decisión para aplicar la ley

‎Los abogangsters estorban. México ya no soporta esa clase de infelices que destruyeron la identidad nacional a base de moches y subterfugios, acompañados por ministerios públicos y jueces vendidos al peor postor.

Es la hora de amarrarse los machos y mostrar decisión para aplicar la ley. Deben saber los miembros del nuevo régimen que es la única forma en que seremos respetados en el exterior y ya no sigamos siendo blanco de declaraciones de manitas calientes, como las de Trump.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: El cable de la agencia Notimex lo pinta de cuerpo entero: ” Hace unas cuatro décadas se ganó el mote del ‘Fiscal de Hierro’ por haber encarcelado a mil 200 funcionarios en su papel de fiscal anticorrupción. Pero al paso de los años, su trabajo como abogado brincó hacia el otro lado y ya cuenta con un historial de defensoría de personas acusadas por la autoridad investigadora, cuando antes él fue el acusador. Ahora, el ex fiscal de hierro defiende la compra de la empresa Agro Nitrogenados realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en los tiempos de la dirección de Emilio Lozoya, catalogada como un montón de chatarra. Javier Coello Trejo acapara una vez más las portadas de los medios por el calibre de su actual cliente. Pero, demos un repaso de lo que ha sido la vida laboral de Coello Trejo. Nacido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el ex fiscal inició en el servicio público en esa entidad.

Fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, director de la entonces Policía Judicial y agente del Ministerio Público Especial de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se distinguió por su dureza a la hora de aplicar la ley. Durante el sexenio del presidente José López Portillo, en 1977, fue designado fiscal especial para el combate a la corrupción. Bajo el mando del procurador Óscar Flores Sánchez investigó a tres mil funcionarios, ex funcionarios, empresarios y empleados del sector privado, de los cuales encarceló a mil 200. Con ese récord y su fama de inflexible, se ganó el mote de ‘El Fiscal de Hierro’. Antes de terminar el sexenio, Coello Trejo, quien se tituló con la tesis ‘El Ministerio Público frente a la corrupción priista’, se convirtió en secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, invitado por el entonces mandatario Absalón Castellanos Domínguez. En ese tiempo inició una nueva etapa como servidor público, pero también empezó a tener una vida rodeada de escándalos de diferentes tipos, siempre enmarcadas por la polémica y su mano dura para enfrentar y tratar de resolver los conflictos a los que se enfrentaba. Tuvo enfrentamientos con parte del gabinete de Castellanos en Chiapas, al grado de que libró una guerra de difamaciones e insultos personales con sus adversarios que fue cortada de tajo por el entonces gobernador con su destitución a principios de 1984. De ahí, volvió a la vida pública cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República, al ser nombrarlo subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico en la PGR, con tres encargos: detener al dirigente nacional del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia ‘La Quina’, recuperar las joyas arqueológicas robadas del Museo Nacional de Antropología e Historia, y capturar al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Coello Trejo cumplió con las tres encomiendas, pero sus formas distaron mucho de ser pacíficas y conciliadoras, pues para esos y otros casos más, creó un grupo especial al cual llamó ‘Tiburones’, quedando al frente de dicho grupo el comandante Guillermo González Calderoni, quien fuera asesinado en 2003 en McAllen, Texas, cuando formaba parte del programa de protección de testigos. De la mano de Coello, diversas fuentes aseguran que ese grupo antinarcóticos de la entonces Policía Judicial Federal cometió todo tipo de arbitrariedades. El nombre de Javier Coello también fue ligado a otro escándalo, cuando su escolta personal fue acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de ser la autora de una serie de violaciones sexuales ocurridas en el sur de la ciudad. Tal imputación dio lugar a una abierta guerra entre las policías federal y capitalina. Fue a consecuencia de las denuncias en contra de él y su grupo, que el presidente ordenó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Tras una serie de imputaciones que enfrentó y de las cuales salió siempre bien librado, en 1990 fue destituido y relevado por Jorge Carrillo Olea, y Coello Trejo pasó a ser titular de la procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Dados sus antecedentes, su designación tuvo inmediatas reacciones, sobre todo del sector privado, quienes aseguraban que ahora los iban a tratar ‘a tehuacanazos’. Durante su época en la PGR en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, también se le señaló por presuntas violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. Aunado a las denuncias de violaciones de su equipo, Coello Trejo tuvo que dejar su cargo en la PGR por sus supuestos nexos con un cártel que operaba en este estado. Incluso, en 1993 hubo rumores de que en un rancho en Chiapas, propiedad del ‘Fiscal de Hierro’, donde se capturó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera por primera vez. Desde 1984, cuando fundó su despacho, Coello Trejo ha defendido a diferentes personalidades. Entre sus clientes destacan los nombres del sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade, en la disputa por los derechos de 29 películas del actor mexicano en contra de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo del comediante, litigio que logró ganar para su cliente. También representó a la empresaria inmobiliaria María Asunción Aramburuzabala en la denuncia por presunta extorsión en contra de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga. En 2016, representó a Jorge Vergara durante el litigio en contra de su ex esposa, Angélica Fuentes, por presunto fraude, con lo cual logró que ella quedara fuera de la empresa Omnilife y del equipo de futbol Chivas del Guadalajara. Recientemente, representó a la ex directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García, quien se encuentra presa, y ahora, se está haciendo cargo de la defensoría del ex dire​ctor de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Sin duda alguna, el abogado ha podido trabajar en los dos lados de la mesa a la hora de estar en un juzgado, envuelto generalmente en el escándalo y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.”

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