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FRANCISCO RODRÍGUEZ

Durante muchos años se ha tratado de encontrar un origen cierto al proceso irreversible del apoderamiento del Estado por parte de los grupos delincuenciales del narcotráfico. El relajamiento institucional en su investigación y persecución presta bases para la sospecha… que hoy se confirman en el juicio que en Brooklyn, NY, se le sigue a Joaquín El Chapo Guzmán: Las autoridades no sólo están infiltradas, sino complicitadas.

El enfrentamiento directo entre las dependencias encargadas de combatir el flagelo confirma casi todas las hipótesis que concluyen en asegurar una complicidad abierta y manifiesta entre autoridades protervas y delincuentes autorizados y protegidos por el poder político. Las dos tenazas de la pinza.

‎Si quiere encontrarse el hilo conductor de este amasiato que dura ya más de treinta años, debe reabrirse la investigación conducente sobre el escándalo internacional de Llano de la Víbora, un baldón que sigue supurando, una herida institucional que jamás cerró, una ofensa a las Fuerzas Armadas por parte de fruncionarios policíacos civiles que retrata de cuerpo entero esta inverecundia, la desfachatez total de la justicia al servicio del peor postor.

Agentes corruptos de la PGR dispararon contra sus compañeros

El asunto en cuestión tiene que ver, como casi todos los que se refieren al desmantelamiento del Estado, con aquél ficticio enfrentamiento entre militares y judiciales federales en el Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, que arrojó como resultado la muerte de siete agentes de la Policía Judicial Federal, a manos del fuego amigo cruzado el jueves 7 de noviembre de 1991, en pleno auge del criminal salinato.

Una avioneta Cessna, con un cargamento de 370 kilos de cocaína, despegó de la base militar de Mérida, Yucatán, escoltada por un avión de la PGR‎ en calidad de guardia de cuerpo, para facilitar el aterrizaje en Tlalixcoyan, donde esperaban el cargamento autoridades de la PJF, bajo el mando de un sujeto llamado Hiram Morales, ex comandante de la Columna Volante, un cuerpo paramilitar muy parecido al Barapem mexiquense, que operaba como ejecutor al servicio de terratenientes veracruzanos.

Al llegar la avioneta a su destino en Tlalixcoyan surgió la confusión, pues tres batallones de soldados la esperaban con instrucciones de interceptarla y aprehender a los narcos colombianos que la tripulaban. Minutos después aterrizó el avión escolta de la PGR con los siete agentes a bordo. Según videos y testimonios documentados y archivados en la DEA, presenciaron el tiroteo entre ambos bandos.

Judiciales federales culparon a los militares de toda la operación

Al ver su causa perdida,‎ los judiciales que estaban a la espera del Cessna arremetieron contra sus compañeros que descendían del avión de la PGR y acribillaron a los siete agentes — Roberto Javier Olivo Trinker, Juan José Arteaga Pérez, Ernesto Medina Salazar, Óscar Hernández Sánchez, Miguel Márquez Santiago, Abel Acosta Pedrosa, Francisco Zuviri Morales y el sobreviviente Eduardo Salazar Carrillo comisionados a intercepción aérea todos y pertenecientes a la generación 33 del INACIPE– que venían a cargo de la custodia del cargamento con un valor de alrededor de mil millones de pesos actuales. Acto seguido, se acercaron para darles tiros de gracia. Se encontró pólvora fresca en sus paladares.

En esa refriega y confusión resultó herido un soldado de infantería, razón suficiente para que se culpara a los militares de toda la operación. Durante años la versión real de los hechos se mantuvo oscura, la investigación paralizada, los judiciales libres, los narcotraficantes desaparecidos como por arte de magia, y los culpables de ocasión pagando el pato.

Inculparon a Fernando Vázquez Chelius. Luego lo asesinaron

‎El subdelegado de la PGR en el estado de Veracruz, Fernando Vázquez Chelius, militar de rango que acudió al escenario de la masacre en auxilio posterior al bando militar a petición de Ignacio Morales Lechuga, titular de la PGR, fue dedeado como culpable directo de la sarracina. Como no se pudo comprobarle nada, fue detenido años después en un paseo dominical acusándolo de traer dos grapitas de polvo en algún seleccionado bolsillo y p’adentro.

Pero como tampoco se le pudo enjuiciar y condenar a prisión perpetua, por lo menos, cuando lo absolvieron, fue ejecutado de inmediato… “por si las moscas”, usted sabe. Cosas de la justicia pronta y expedita.

Inexplicablemente llevaron la “investigación” al istmo oaxaqueño

Todos los tiliches, cadáveres y pretensos culpables fueron recogidos de inmediato, y el caso fue trasladado inexplicablemente al conocimiento de las autoridades ministeriales y judiciales de ¡Tehuantepec, y Salina Cruz, Oaxaca!, quienes tuvieron que dejar pasar a sus separos a experimentados elementos de la PGR, para interrogarlos, torturarlos y declararlos a modo.

Cuando ministerios públicos y jueces oaxaqueños se dieron cuenta de que habían sido utilizados para prestarse al juego de una investigación de papel y de bartolinas sobre un delito cometido en otra jurisdicción a casi 500 kilómetros de distancia, y comprobar la inocencia de los detenidos, presentaron una denuncia penal conjunta ante todos los fueros locales y federales conocidos, ante los más probos juzgadores. De ahí no pasó. Las virginidades jurídicas y judiciales habían sido defendidas por los oficiantes de la ley.

Rompimiento Sedena – PGR. Los militares no perdonan la afrenta

El cruce de acusaciones de culpabilidad entre la Sedena y la PGR, en el cual sólo uno de ellos tenía la razón, acabó como el rosario de Amozoc.‎ Provocó un rompimiento histórico entre ambas dependencias, muy conveniente para los beneficiarios de la masacre, que hasta la fecha siguen metidos en el ajo. Los militares jamás perdonaron la afrenta.

Fue la primera vez que se rompió el orden institucional entre autoridades encargadas de combatir el narcotráfico. De ahí al empoderamiento de los delincuentes y la creación del narcoestado, sólo había un paso. Calderón Hinojosa se encargó de darlo: declarar una guerra insulsa e inconsulta que ha bañado de sangre el país.

Todo empeoró con EPN. Más extorsión, mayores “cuotas”…

Con Peña Nieto nada ha sido diferente. La queja elevada por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR hace cosa de un año, se suma a las denuncias de 200 agentes del Ministerio Público federal que han señalado las conductas ilegales de la Policía Federal Ministerial. Revelan el costo de una plaza de delegado en cualquier entidad: medio millón de dólares, aparte de todo lo que puedan salpicar p’arriba.

Se quejan de que todos los días tengan que talonerar para extorsionar detenidos, cobrar cuotas por traficar drogas, armas y dinero en los territorios donde están asignados, “a fin de que nuestros jefes, tanto en la región como en el centro puedan llevarse una tajada y nos permitan trabajar”.

Relatan que “antes del temblor –del 19 de septiembre de 2017–, atoraron un tráiler lleno de cocaína perteneciente al Cartel de Jalisco, lo interceptaron en la carretera y por órdenes de Vidal Díaz Leal, jefe de la policía, lo llevaron a las oficinas mexiquenses. Le vaciaron la droga…

… por motivos de alta seguridad nacional, desaparecieron el tráiler. No se volvió a saber nada más. A los compañeros que participaron en la operación, señalan, les organizaron una fiesta con meretrices para festejar el botín. Todo autorizado por Higuera Bernal y Omar Hamid Harfusch”. Las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal son el caos.

“Cada opinión que sirva para destrabar una lana en SEIDO, lavado de dinero, cuesta 50 mil dólares, que son pagados directamente al jefe de los servicios periciales, Anselmo Apodaca. Al señor Elías Beltrán, Procurador General de la República en funciones nadie lo pela y tiene fama de que le gusta el billete”, afirman los quejosos.

Rematan la misiva exigiéndole a Peña Nieto meta orden en ese estado de cosas, so pena de que esa institución recién nacida naufrague como todas.

En Tlalixcoyan se inauguró la era mexicana del narcoestado

Es sorprendente el parecido de las mecánicas actuales de corrupción, con las anteriores que nacieron al calor de Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, paraíso de La Mixtequilla veracruzana.‎ Con los sucesos que inauguraron la era mexicana del narcoestado.

‎La gente que ha conocido el caso sólo alcanza a preguntar: ¿No serán los mismos?

¿Usted qué cree?

Índice Flamígero: Más suspense, mejor guion y actuaciones que sobrepasan a las de los profesionales se escenifican en torno al juicio de Joaquín Guzmán Loera, en Nueva York. Y es que ahora resulta que Héctor Beltrán Leyva, El H, cabecilla del cártel de los Beltrán Leyva, sufrió un infarto luego de que se le notificó que iba a ser extraditado para presentarse en la corte de Brooklyn, según dijo ayer el abogado de El Chapo, Eduardo Balarezo, quien explicó a través de su cuenta de Twitter que el domingo se le avisó a El H que tendría que asistir a EU para testificar contra Guzmán. “Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que iba ser extraditado para presentarse en la corte de NY para testificar en contra del Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto. @EPN #ElChapo @balarezolaw”, reza el tweet. El seguimiento de este juicio está mejor que cualquier serie de Netflix.

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