ONGs denuncian intimidación contra opositores de hidroeléctrica en Puebla

Periodismo en Acción | Adriana Rodríguez

Foto: especial

Ciudad de México, 01 noviembre 2019.- Las organizaciones y personas defensoras de las comunidades denunciaron que han sido objeto de actos de intimidación por oponerse al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) en la Sierra Norte de Puebla.

Activistas comentan que con el inicio del proceso jurídico, se obtuvo la suspensión temporal del proyecto, “lo que dio inicio a una serie de eventos de descalificación, criminalización y hostigamiento en contra de representantes comunitarios demandantes en el juicio, integrados en los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, así como en contra de las organizaciones y defensoras que acompañan el caso”.

Desde 2016, el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Fundar, Centro de Análisis e investigación, acompañan jurídicamente a las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacatlán y de San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla en la lucha por defender su territorio y agua de la construcción

Expusieron que el caso fue compartido ante Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en su visita oficial a México en enero de 2017. En el informe derivado de su visita, el Relator resaltó que “más de dos terceras partes de las agresiones registradas [por proyectos a gran escala] se habían perpetrado en los estados de México, Sonora, Oaxaca, Puebla, Colima y Campeche”.

De igual manera, Forst concluyó tras su visita que “los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponen a proyectos a gran escala se enfrentan a actos de violencia a manos de personas vinculadas a las empresas que participan en esos proyectos”.

Asimismo, mostró su preocupación frente a la situación particular de las personas defensoras de derechos humanos de las personas indígenas “el aumento del número de proyectos de construcción y apropiaciones de tierras en algunos estados ha provocado una intensificación de los conflictos”.

Por ello, organizaciones civiles urgieron al Estado mexicano, a nivel local y federal a garantizar la protección de las personas defensoras tanto de las organizaciones acompañantes, como de las comunidades, así como garantizar su derecho a la defensa de los derechos humanos.

A este llamado se unieron Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Oxfam México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Poder, Servicios y Asesoría para la Paz, y el Centro de Estudios Ecuménicos.