ONU urge a México a liberar a acusados que llevan 16 años en prisión preventiva
Ciudad de México 27 Junio (MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió a México la liberación plena de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes se encuentran en prisión preventiva tras 17 y 16 años y medio, respectivamente, en el penal de Barrientos, Estado de México.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas reiteró su llamado a la liberación incondicional de los dos acusados por el asesinato en 2001 de la regidora del municipio mexiquense de Naucalpan, María de los Ángeles Tamez Rodríguez.
En un comunicado, el organismo recordó que en agosto de 2017, el Grupo de Trabajo concluyó que la detención de ambas personas era arbitraria, por ausencia de base legal y por haber sido impuesta mediante un procedimiento que no respetó las garantías básicas de un juicio justo.
Al respecto, la vicepresidenta del Grupo de Trabajo, Leigh Toomey, expuso que los dos individuos “habrían sido detenidos sin una orden de arresto y no fueron llevados sin demora ante un juez”, además de que “no se respetó la presunción de inocencia y fueron presuntamente sometidos a torturas con el propósito de extraer de ellos confesiones o declaraciones incriminatorias”.
La opinión de dicho grupo fue transmitida al gobierno de México el 2 de octubre de 2017, y el 13 de abril de 2018 solicitó al gobierno federal información sobre las medidas adoptadas para implementar la misma.
Tras este pedido, el Grupo de Trabajo señaló que recibió información reciente sobre la continua negación de la libertad de los dos detenidos en México, y tampoco hay evidencia de que se haya investigado y sancionado la presunta tortura que les ha sido infligida.
De acuerdo con el organismo internacional, actualmente hay dos recursos de apelación que revisan la legalidad de una decisión negando acordar medidas alternativas a la prisión preventiva.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 60/251, párrafo 9, decidió que los Estados que sean miembros elegidos al Consejo de Derechos Humanos deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, puntualizó.