Piden juicio político contra Pérez Dayán
Ciudad de México, 19 de Diciembre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Integrantes de la organización Frente Unidos por la Cuarta Transformación presentaron una demanda de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Alberto Pérez Dayán, quien suspendió la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, propuesta por Morena.
Elías Miguel Moreno Brizuela, coordinador nacional de dicha organización, aseguró que la decisión del ministro violenta la Carta Magna: “se traduce en un desacato a la misma Constitución, cuando él debería ser guardián y garante de la misma”.
En conferencia de prensa en San Lázaro, donde el diputado de Morena Ulises Murguía acompañó a los integrantes del movimiento, Miguel Moreno señaló que la suspensión dictada por Pérez Dayán transgrede la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional.
“La conducta del ministro, al impedir la continuación de la aplicación de esta Ley, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, al conceder la suspensión para efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos no sean fijados de acuerdo a la ley que se reclama”, dijo Moreno Brizuela.
El Dato: El 10 de diciembre el Senado presentó un recurso contra la suspensión en la acción de inconstitucionalidad decretada por Pérez Dayán contra la ley de salarios.
A su vez, el asesor jurídico de la agrupación, Rafael García Zavaleta, indicó que Pérez Dayán suspendió la Ley Federal de Remuneraciones para beneficiarse a sí mismo.
“Hubiera podido conceder la suspensión para beneficio de los jueces y de los magistrados, pero no lo hizo así, sino para beneficio propio, y en ese momento él se convertía en juez y parte”, declaró García Zavaleta.
Fue el pasado 7 de diciembre que el ministro Pérez Dayán ordenó la suspensión de la entrada en vigor de dicha ley, al aceptar el trámite de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición.
Con ello, dicha legislación, que pretendía establecer un tope salarial a funcionarios, quedó suspendida.