Preocupa a ONU trato de México a migrantes
La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió a México que evite hacer uso de la fuerza en la detención de migrantes centroamericanos en la frontera sur del país tras días de tensiones y enfrentamientos.
Asimismo, mostró su preocupación por el impacto que ha tenido sobre todo en los menores de edad y las personas vulnerables.
El uso de la fuerza para detener o dispersar migrantes de las caravanas debería ser evitado, incluyendo el uso de armas no letales”, señalaron los representantes del órgano defensor.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también exhortó al gobierno mexicano a “preservar la unidad de las familias migrantes” y asegurar la no devolución de quien enfrenta riesgos de persecución.
La mañana de este viernes, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se “respetaron los derechos humanos” de cientos de migrantes centroamericanos detenidos el jueves por elementos de la Guardia Nacional.
Los emigrantes ingresaron de manera ilegal al país desde Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos.
Pero el jueves, efectivos de la Guardia Nacional mexicana detuvieron con golpes y gases lacrimógenos a 800 migrantes centroamericanos de la llamada Caravana 2020 que intentaban transitar por la frontera sur de México causando un ambiente de mucha tensión, e incluso provocando crisis de pánico entre mujeres y niños.
En tanto, Amnistía Internacional México envió una carta a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración de México (INM), para manifestar su preocupación por las restricciones de acceso impuestas por las autoridades migratorias a organizaciones defensoras de derechos humanos en estaciones del sur del país.
López Obrador aseguró que los emigrantes centroamericanos, en su mayoría procedentes de Honduras, han recibido atención médica, comida y refugio.
La sección mexicana de la organización Human Rights Watch (HRW) señaló a México en su informe anual por violar los derechos humanos de los migrantes que transitan por su territorio para solicitar asilo en Estados Unidos, una práctica que frecuentemente involucra a autoridades locales.