Presentan iniciativa para restringir la protección de datos personales de servidores públicos

Presentan iniciativa para restringir la protección de datos personales de servidores públicos

 

 

  • La ley actual no contribuye a combatir la corrupción: Samuel García.

Ciudad de México 15 Abril  (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para limitar el derecho a la protección de datos personales de servidores públicos del Estado mexicano.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que la ley actual permite que los funcionarios puedan pasar como información confidencial múltiples datos relacionados con la situación patrimonial, los sueldos y salarios por otros empleos, bienes inmuebles, etcétera.

Agregó que esta norma no termina por cumplir el objetivo de combatir la corrupción, pues la información considerada confidencial es muy amplia y, con ello, los ciudadanos desconocen la situación patrimonial de los servidores públicos.

El legislador indicó que esta reforma es necesaria, pues recientemente se ha podido atestiguar la opacidad con que se han conducido diversos secretarios de la Administración Pública Federal. Han hecho parcialmente públicas sus declaraciones patrimoniales, y luego los medios de comunicación han ventilado información preocupante, como la posesión de bienes en el extranjero y transmisiones de la propiedad, próximas al ejercicio de sus cargos.

Recordó que el Estado ha priorizado la transparencia en el ejercicio de la función pública, específicamente a través de las declaraciones patrimoniales y de intereses; los poderes constituidos, como el Congreso de la Unión, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción o las Secretarías de Estado, no deben fomentar una política que termine por tornar opaca la información que debe ser pública.

El proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue turnado directamente a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

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