Recibe Congreso capitalino dos iniciativas de ley del Gobierno CDMX

El Congreso de la Ciudad de México recibió del Gobierno local dos iniciativas de ley: del Registro Público de Agresores Sexuales, y otra que abroga la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal y la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, y deroga el artículo 33 de la Ley de Operación e Innovación Digital, para expedir en una sola la Ley de Ciudadanía Digital de la CDMX.

La presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe Echartea, así como las diputadas Jannete Guerrero Maya, del PT y Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM recibieron las propuestas entregadas por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

La diputada Rosales Herrera aseguró que las dos iniciativas recibidas serán debidamente analizadas en las comisiones legislativas. “Una de estas iniciativas es importante para la mejora regulatoria y combate a la corrupción en los trámites administrativos al adoptar nuevas tecnologías; la otra es para analizar la viabilidad de crear un padrón que visibilice a quienes han ejercido o ejercen violencia sexual en contra de las mujeres, estableciendo de esta manera mecanismos que permitan atender de mejor manera ese problema”.

Instruyó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso local dar trámite inmediato a las propuestas e incorporarlas en el orden del día para su pronto turno a comisiones legislativas.

Violencia de género afecta a mujeres de todas las edades

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez explicó el contenido de la iniciativa correspondiente la Ley de Agresores Sexuales de la Ciudad de México. Indicó que el Gobierno capitalino reconoce que la violencia de género afecta a mujeres de todas las edades y ésta se debe prevenir, sancionar y erradicar desde un enfoque transversal, bajo una nueva visión y con el uso de tecnologías de la información y comunicación.

“La iniciativa que crea el Registro Público de Agresores Sexuales permitirá contar con información de las personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual. Lo anterior traerá como consecuencia que las investigaciones de estos delitos sean más eficaces, y contribuirá a garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, evitando que se generen futuras víctimas”, señaló.

La propuesta de ley establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Gobierno, de organizar, elaborar, implementar, desarrollar, administrar, monitorear y mantener actualizado el registro de agresores sexuales, así como de evaluar su funcionamiento.

Este Registro contendrá información de acceso público de las personas con sentencia firme, relacionada con delitos de carácter sexual, como la fotografía actual, el nombre, la edad, los alias, la nacionalidad y el delito o delitos sexuales, por lo que fue condenado mediante sentencia firme.

También contendrá la información –a la cual sólo tendrán acceso las personas titulares del Ministerio Público y aquellas autorizadas por las autoridades judiciales- como las señas particulares, la ficha signaléctica, la breve descripción del o de los delitos por los cuales fue sentenciado, otros delitos por los cuales haya sido sentenciado, y el perfil genético.

Entre los objetivos de esta iniciativa de ley se encuentran: constituir un mecanismo de prevención y protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, frente a la delincuencia de naturaleza sexual; facilitar la investigación de los autores de los delitos sexuales, mediante la utilización de nuevas tecnologías; establecer incentivos de carácter negativo que inhiban la omisión o repetición e conductas violentas en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Además, se regula la organización y el contenido del registro público de agresores sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información en el contenido de conformidad con la legislación en materia de datos personales.

En diversos países ya se cuentan con leyes y registros públicos de agresores sexuales, con el fin de contribuir a disminuir la comisión y reincidencia de delitos de carácter sexual.

“Este registro responde al interés primordial de proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como erradicar la violencia de carácter sexual en contra de estos sectores de atención prioritaria. Sólo contendrá información de las personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual”, resaltó la secretaria de Gobierno.

Enfatizó que en materia de acceso a la información pública, las autoridades deberán conducirse bajo el principio de máxima publicidad, aunque el derecho de acceso a la información admite límites y restricciones tratándose de la materia penal; “la presunción de inocencia debe prevalecer en todas la etapas del procedimiento penal, mientras que no se declare la responsabilidad del acusado, mediante una sentencias firme”.

Ley de Ciudadanía Digital de la CDMX

Durante la entrega de las iniciativas, Javier Abraham Berain Garza, del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Agencia Digital de Innovación Pública, ofreció detalles sobre la propuesta para abrogar la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, y la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México; derogar el artículo 33 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y se expide la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.

La finalidad de esta iniciativa es contar con una ingeniería institucional más eficiente, proseguir con la armonización del marco jurídico de la Ciudad de México, y ello evitar posibles conflictos de Leyes.

En la actualidad las disposiciones normativas se encuentran desactualizadas y obsoletas para responder a las necesidades de la ciudad, inclusive continúan contemplando autoridades que a la fecha ya no forman parte de la Administración Pública de la Ciudad de México, como lo son: La Oficialía Mayor o la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

La Ley de Operación e Innovación Digital prevé las obligaciones de la Administración Pública y las alcaldías en materia de gobernanza tecnológica, así como las atribuciones que en este ámbito tendrá la Jefatura de Gobierno, por sí misma o a través de la Agencia Digital de Innovación Pública.