Sancionarán a DRO y al propietario de las obras que violenten las clausuras

CIUDAD DE MÉXICO, a 26 de agosto 2019 (PERIODISMOENACCION.COM / AMPRYT).- Durante la mesa de trabajo ‘para analizar el problema de clausuras en construcciones en la Ciudad de México’, realizada en el Congreso local se destacó la necesidad de incrementar y ajustar las sanciones en materia de quebrantamiento de sellos de clausura, y el excedente de pisos en obras de la capital.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, afirmó que el Congreso local deberá proponer una legislación que sancione penalmente al director responsable de obra y al propietario, pues son los garantes de que se conserve el estado de suspensión o clausura.

Indicó que si bien no es aplicable la extinción de dominio en materia administrativa, se deben establecer mecanismos eficientes; y en materia exclusiva de excedentes de construcción pasar de una sanción de 5 por ciento del valor comercial por excedente de construcción al ciento por ciento.

Precisó que de acuerdo con cifras de la PGJCDMX en lo que va del año hay cerca de 300 carpetas de investigación por quebrantamiento de sellos, y que de 2011 a 2019 el Tribunal Superior de Justicia conoció 61 casos y sólo en 23 se ha impuesto una sanción por el quebrantamiento de sellos.

“Hay un desacato permanente hacia los estados de suspensión y clausura en la Ciudad de México, que una serie de grupos organizados aprovechando esta debilidad del marco jurídico han encontrado un modus operandi, que permite la continuidad de construcciones al margen de la ley, buscando la construcción de obras irregulares”, sostuvo el legislador de Morena.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Diego Orlando Garrido López, planteó que la propuesta para analizar y modificar la ley de extinción de dominio sea dirigida a obras, construcciones y desarrollos inmobiliarios; asimismo recordó la postura del PAN en contra de la aplicación de dicha normatividad en materia de una sanción por rompimiento de sellos de clausura, “porque existe un tema de legalidad e inconstitucionalidad”, apuntó.

“Hacer uso de dicha ley implicaría que la propiedad, el patrimonio de una persona, la propiedad privada pase a manos del gobierno y esto sería una sanción totalmente distorsionada y desproporcional, sobre todo porque la extinción de dominio está pensada para delitos de alto impacto como narcotráfico, mismo que implica una operación de más fondo y no necesariamente el rompimientos de un sello”, detalló.

El diputado Ricardo Fuentes Gómez (MORENA) recalcó que el Congreso local deberá enfocarse a la armonización de 143 leyes, entre ellas la de extinción de dominio.

Aunque hay suspensión de obras, éstas siempre concluyen

María Idalia Salgado Hernández, titular del INVEA aseguró que es una problemática muy grave, pues aunque se establece la suspensión de obras,  éstas siempre concluyen, por lo que pidió endurecer el tipo penal. También indicó que la propuesta de extinción de dominio realizada por los alcaldes no es la ideal.

Detalló que se realizan 200 reposiciones de sellos por violación de estados de clausura o de suspensión de obras y denunció la complejidad a la que se enfrentan cuando  presentan ante el Ministerio Público al probable responsable de algún acto de quebrantamiento de sellos “ya que se remite a los trabajadores y no al DRO o al dueño”.

Durante su intervención, Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que el motivo por el que diversos titulares de las demarcaciones presentaron una iniciativa en la materia fue porque detectaron que existe una práctica recurrente y una gama de modalidades para violentar el estado de clausura o suspensión ya establecida entre las constructoras.

Aseguró que más allá de la iniciativa que presentaron, lo importante es “perfeccionar y ajustar la ley, es decir, que los procedimientos mejoren, que estén más apegados a la realidad, que exista más fundamento para que el estado de suspensión sean más severo y se incrementen las sanciones”.

En tanto, Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó para el Poder Judicial local el tipo penal de quebrantamiento de sellos está en desuso, ya que únicamente se tienen registrados 65 expedientes durante los años 2011 a 2019,  y sólo 23 llegaron a una sentencia.

Alicia Rosas, subprocuradora de Procesos de la Procuraduría General de Justicia local, aseguró que el tipo penal de quebrantamiento de sellos es obsoleto para la problemática que se está viviendo, “el problema no es la sanción, sino la descripción del tipo penal que no nos permite dar con la persona responsable, no implica el romper el sello, sino que se violente la suspensión”.