Se manifiestan contra la sustracción de hijos en los divorcios frente a Fiscalía General Justicia de Nuevo León
• La protesta convocada por MAAS Infancia Feliz exigió que las autoridades del estado frenen prácticas irregulares que permiten el ocultamiento, retención y manipulación parental
Con el fin de exigir que los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León frenen prácticas irregulares que derivan en la sustracción de los hijos en los divorcios, padres y madres de familia, activistas e integrantes de la organización civil MAAS Infancia Feliz, se manifestaron afuera de la institución en la Ciudad de Monterrey.
El presidente y fundador de dicha organización, Miguel Ángel Plata Mejía alertó que denuncias infundadas y falsas, e irregularidades en el actuar de los funcionarios de la Fiscalía, permite la desvinculación forzada de los hijos con alguno de sus padres, ocultamiento, retención y manipulación parental, con un alto impacto social y emocional en los menores.
“Los niños son usados como objetos en las disputas legales dentro de los divorcios judicializados y se convierten en las verdaderas víctimas de separaciones forzadas de alguno de sus progenitores, esto es resultado de denuncias falsas de violencia familiar, omisiones de funcionarios y la poca ética de algunos jueces, magistrados, fiscales y ministeriales en los procesos judiciales”, dijo.
El activista indicó que uno de los padres que se encuentran en esta situación, y se manifestó el pasado viernes, es Alejandro Ríos Villanueva quien tiene tres hijos menores, mismos que fueron sustraídos por la madre el 03 de febrero pasado tras interponer una denuncia por violencia doméstica falsa, sin que hasta ahora tenga contacto con alguno de los menores.
Alejandro Ríos agregó que en estos casos prevalece el derecho de los adultos antes que el de los infantes, lo cual tiene documentado en las actuaciones de la Fiscal Sara Judith Pacheco Espinoza y la servidora pública María Alicia Reyna Díaz, así como Indira Muñoz, quien se desempeña en el DIF Capullos, mismas que deberían de analizar todas las pruebas ofrecidas y dar prioridad a los infantes de manera integral e imparcial.
Al respecto, Plata Mejía subrayó que esto impacta en el desarrollo de la personalidad de los infantes y priva el derecho de los niños a convivir con ambas familias, además de que los deja en completa vulnerabilidad y desamparo, cuando se supone el Estado debe protegerlos, así como privilegiar y garantizar su autonomía progresiva.
Cabe señalar que en octubre de este año, Miguel Angel Plata Mejía, Fundador y Presidente de la Asociación Civil MAAS Infancia Feliz, y Enlace Municipal del Pacto por la Primera Infancia con la Alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México, conversó con el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú.
El tema que abordaron fue el de “Crianza Respetuosa y Amorosa”, que corresponde a la meta 8 Nacional del Pacto así como de los efectos negativos que enfrenta la niñez por sustracción y manipulación parental que impide la crianza con ambos padres, dentro del marco de la firma del Pacto por la Primera Infancia en el estado organizado, por Mariana Villalobos y equipo del Pacto en Monterrey, cuyo objetivo es hacer de la Primera Infancia una Prioridad Nacional.
Martha Herrera González, Secretaria de Igualdad e Inclusión en Nuevo León, nombrada por Samuel García en su gabinete, ayudó a la asociación a enviar un mensaje y pidió que “tomemos consciencia que nuestras niñas y nuestros niños van primero y si realmente queremos tener un México sostenible y resiliente todos tengamos oportunidad de desarrollarnos.
“Donde que se respeten nuestros derechos de manera libre y florecer como personas, necesitamos realmente poner en foco nuestra primera infancia, nuestros niños y niñas, y dejar a lado egos y realmente voltear (la mirada) a su desarrollo integral para que podamos tener el México y los estados que necesitamos”, propuso.
Una invitación que incluyó a los actores judiciales de Nuevo León, y a los cuales desde el tercer sector se extiende el llamado al debido proceso, imparcialidad y al acceso a la justicia pronta y expedita para las niñas, los niños y adolescentes regiomontanos.