Un error minimizar avances en gobierno abierto, advierte Transparencia
El gobierno abierto no es una moda, es una nueva forma de ejercer el poder, y sería un error minimizar el avance al interior de las instituciones públicas, dijo Joel Salas Suárez, comisionado de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En el marco del de la Semana Nacional de Transparencia 2018, señaló que “necesitamos hechos, datos duros para comprobar y terminar de convencernos que esto no es una moda sino una nueva forma de ejercer el poder y que, mediante la demostración de resultados tangibles y visibles, nos damos cuenta que sí es posible construir una forma de gobernabilidad”.
En los trabajos se analizó el tema del gobierno abierto en la era digital, con la participación de los directores ejecutivos de Gesoc, Alejandro González Arreola, y del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, Rafael Martínez Puón; así como del miembro del Consejo Consultivo del INAI, Khemvirg Puente Martínez, y como moderadora María Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del INAI.
En su intervención, el comisionado Salas Suárez expuso que a lo largo de los años 80 y 90 “nos concentramos en que cada voto contara, pero después de eso si bien es cierto algunas organizaciones hacían un uso sistemático del derecho de acceso a la información, la realidad es que la posibilidad de incidencia de la sociedad en el ejercicio del poder era relativamente acotado.
“Gobierno abierto desde el origen lo concebimos como un mecanismo para profundizar, redefinir y construir ciudadanía”, porque se carece de una mecánica real e Parlamento Abierto en el ámbito federal y no hablemos del Poder Judicial o la Justicia Abierta, en donde si bien hay tentativas y ejercicios, sobre todo del Tribunal Electoral es un tema al que falta una agenda sólida.
Salas Suárez hizo notar que la idea original era darle vitalidad a la democracia, haciendo que haya mayor participación y no solo el momento de depositar el voto en las urnas. Y abundó que un gran reto es cómo hacer para redefinir cómo las instituciones toman las decisiones.
Advirtió que se corre el riesgo de que el gobierno abierto se vuelva una moda más, “y que solamente lo utilicemos para una fase específica de la política pública que es la consulta, y la definición del problema”.
Recordó que durante los años 80 y 90, “en nuestro modelo de gobernabilidad dimos por sentado que había una élite burocrática, que estaba capacitada y con competencias técnicas para tomar decisiones y esas decisiones que tomaba esa élite burocrática, pues eran poco debatidas, se tomaban por hecho”.
Alejandro González Arreola, presidente del Consejo Consultivo de Gestión Social y Cooperación, Gesoc, A. C., dijo que un gobierno pierde poder y se transfiere s la sociedad, y en el momento en que eso sucede, muchos gobernantes se asustan y no están dispuestos a ir hasta la última milla”.
Explicó que empoderar al ciudadano genera problemas y temores, en una lógica todavía del siglo pasado, en donde gobernar significaba controlar, no aprovechar esos cuantiosos recursos en manos privadas.
Alertó que no hay transformación realmente sin sociedad y si no hay apertura. “No hay transformación sin modificar los esquemas y lógicas de poder y de relacionamiento con la sociedad”, al considerar que si no sucede eso, no habrá cuarta transformación ni quinta, ni nada.
A su vez, Rafael Martínez Puón, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el Gobierno Abierto, entendido como la capacidad que tienen las organizaciones públicas de brindar la información a sus ciudadanos para que estos a su vez puedan reutilizarla.
“Creo que aquí está la clave en la reutilización para beneficio propio, para que esto pudiese tener una mejora en su toma de decisiones, agregando tres variables básicas, el tema de la participación, el colaboración y cocreación”, dijo.
Finalizó que según informes de recientes auditorías, realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, a 280 instituciones y sobre todo el gobierno federal más del 70 por ciento ya está haciendo uso de las herramientas que proporciona la era digital.