Universidades alternativas requieren marco jurídico que norme y promueva este nuevo modelo de enseñanza

En el foro “La Universidad del Siglo XXI”, la legisladora sostuvo que estas instituciones necesitan legitimar su enseñanza para que obtengan los apoyos financieros necesarios y se les reconozca su contribución al sistema educativo nacional.

Realizan su labor en un contexto de responsabilidad social, al coadyuvar a resolver problemas comunitarios y laborales, ya que ofrecen educación a jóvenes que no ingresaron a las diversas universidades públicas, por falta de lugares disponibles, pero que tienen talento y deseos de seguir sus estudios, explicó.

Resaltó el desarrollo de nuevas tecnologías que han realizado los alumnos de esos centros de enseñanza, cuya propiedad intelectual se traduce en la obtención de diversas patentes y de otras que están en proceso, impulsadas por las 30 instituciones que integran la Red de Universidades Alternativas (RUA), a nivel nacional, las cuales participaron en el evento.

Solís Barrera sostuvo que “con la ciencia, tecnología e innovación resolveremos problemas nacionales, como el desabasto de agua, alimentación, salud y cuidado del medio ambiente”.

Externó su compromiso para trabajar conjuntamente con esas instituciones, a fin de construir un marco legal y normativo que reconozca sus actividades y las impulse.

La legisladora María Eugenia Hernández Pérez (Morena), secretaria de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, quien organizó el evento, afirmó que la inversión destinada a desarrollar este sector no es un gasto suntuoso, sino prioritario para apuntalar y promover la salud, nutrición, seguridad, sustentabilidad del medio ambiente y calidad de vida, sobre todo, abrir oportunidades de empleo a los jóvenes.

Ante la revolución que se registra en materia científica, tecnología y de innovación, México no puede rezagarse más, debe tomar la batuta, porque “invertir en estos rubros, es hacerlo en la competitividad, el empleo de calidad, el bienestar de las personas y en una mayor justicia social”, aseguró.

Sostuvo que los severos problemas que enfrenta del país son áreas de oportunidad y retos para la enseñanza universitaria pública, la cual exige imaginación, disciplina y recursos financieros suficientes para formar y preparar a los profesionistas que generarán prototipos en esas áreas del conocimiento.

Hernández Pérez expresó su compromiso por trabajar con las universidades alternativas, para que los egresados estén mejor formados, aprovechar su talento y enfrentar la nueva revolución tecnológica.

Víctor López, coordinador de la RUA, resaltó la importancia de analizar la contribución de estas instituciones para afrontar y proponer soluciones a los problemas que enfrenta el país.

La RUA entregó a las diputadas un documento de propuestas, en el cual plantearon su preocupación por la situación de la educación. Cada año, expone, millones de jóvenes no acceden a la universidad pública, debido a que la matrícula disponible es insuficiente. La enseñanza, además, no responde a las necesidades de desarrollo social, hay desvinculación con el mercado laboral y falta excelencia académica, agrega.

“Un porcentaje importante de profesionistas egresados no encuentran oportunidades para desempeñar un trabajo acorde a su preparación, y muchos terminan en la delincuencia o, en el mejor de los casos, desempeñan un oficio que no promueve su desarrollo y, por el contrario, lo anula”.

José Enrique González Ruiz, exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero y maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostuvo que para garantizar la enseñanza en todos los niveles académicos es fundamental que la Constitución Política, en sus artículos 3 y 123, establezca que la educación es una actividad pública, de contenido social.

Además, se debe obligar al Estado a proporcionar los recursos para realizar las actividades relativas a la educación, en particular, tratándose de universidades; todo ello, precisó, sin imponer ideologías. “El saber es un eje de la transformación humana que permite generar mejores ciudadanos al servicio de los demás”, indicó.

En su turno, el director de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl (UPTN), del Estado de México, Pedro Hernández Escobar, reiteró que los integrantes de la RUA buscan ser registradas como instituciones públicas, pues su premisa es que la educación superior sea gratuita.

Resaltó que la Cuarta Transformación abre una esperanza para que la educación reactive la economía. “El modelo que proponemos aleja a los jóvenes de la delincuencia y la droga, y se les brinda la oportunidad para integrarse a la fuerza laboral, mejor capacitados”.

Alma García, académica de la Universidad Revolución, resaltó que la educación no debe ser vista como una mercancía, sino como un arma estratégica para el desarrollo local sustentable y el crecimiento de una región y municipio, pues mitiga los problemas sociales y la inseguridad.

Enfatizó que las universidades alternativas surgieron ante la falta de espacios a nivel superior, es decir, para satisfacer la demanda educativa de la juventud, por lo que solicitó a los legisladores un presupuesto para expandir este modelo educativo y un trato digno y respetuoso a la plantilla docente.