La alcaldía de Iztacalco continúa con los procesos legales en contra de las construcciones irregulares

La alcaldía de Iztacalco continúa con los procesos legales en contra de las construcciones irregulares

Periodismo en Acción

Foto: cortesía

Ciudad de México, 30 octubre 2019.- Anuncian autoridades de la alcaldía Iztacalco que tras haber realizado una revisión a diversas edificaciones en la demarcación, se detectó que los conjuntos habitacionales ubicados en la Calle Uno, colonia Agrícola Pantitlán con numerales 141, 143 y 317 presentan diversas irregularidades relativas al tipo de construcción manifestada por la empresa constructora CARENTAN S.A DE C.V. ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Dichas irregularidades van desde haber declarado que los conjuntos habitacionales construidos se sujetarían a la Norma 26, es decir para la construcción de viviendas de interés social, con lo cual el límite permitido de pisos serían seis. Sin embargo se detectó que en la realidad estos conjuntos constan de ocho pisos violentando así la normatividad con la que se les autorizaron dichas construcciones.

Asimismo la propia Seduvi negó el visto bueno a estas edificaciones y determinó que por su ubicación deberán cumplir con la Norma de zonificación H6/20 en caso de continuar como viviendas de interés social limitando el espacio construido a seis pisos o bien en caso contrario acatar la Norma de zonificación HM3/20/MB la cual limita el número de viviendas por metro cuadrado a ocupar en el mismo predio y estipula que solo se podrán construir tres niveles máximo en el edificio, además que ambas normas contemplan que debe haber un espacio libre del 20% de la ocupación total al interior de cada conjunto habitacional.

Por lo anterior la alcaldía, a cargo de Armando Quintero Martínez, llevó a cabo la suspensión de actividades en el predio marcado con el numero 143 y dio inicio a una demanda ante la Contraloría contra quien resulte responsable a fin de hacer cumplir la ley, así como las sanciones que determine la autoridad competente por el daño causado por presuntos actos de corrupción entre funcionarios de pasadas administraciones y los responsables de los desarrollos inmobiliarios.

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