Tortura, práctica común en el sistema de procuración de justicia

Ciudad de México, 18 de Mayo  (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La tortura es una violación grave a los derechos humanos, un mal endémico que afecta al sistema de procuración de justicia, y una práctica que, por ser difícilmente investigable, se reproduce constantemente para obtener confesiones y fabricar cargos a los ciudadanos, afirmó el diputado Jorge Álvarez Máynez (MC).

Dijo que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada el 26 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, es un avance importante a nivel institucional; sin embargo, sigue siendo una grave realidad en el país.

Ante ello, el legislador plantea adiciones al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de establecer que “en ningún caso la confesión del inculpado podrá ser prueba plena, siempre deberá ser confrontada con otros medios de prueba”.

“No es una medida simplemente formalista ni reiterativa, sino un cambio en el texto legal con efectos en el contexto de violencia generalizada; esta reforma es una medida necesaria que dota a las personas de certidumbre, para que, en caso de que algún juez los inculpe tomando por cierta una confesión obtenida a la fuerza, podrán acudir ante las instancias legales correspondientes para alegar la violación a su derecho fundamental”, señala la iniciativa que se encuentra en la Comisión de Justicia.

El documento cita que en la práctica judicial se sigue dando prioridad excesiva a la prueba confesional dentro de los procesos penales. Dicha premisa se vuelve extremadamente peligrosa en un país en el que las violaciones a derechos humanos para obtener confesiones son prácticas cotidianas arraigadas en el sistema judicial.

Puntualiza que si bien es cierto que el Estado posee el monopolio del uso de la fuerza, debe aplicarla de forma razonable, excepcional y proporcional, respetando en todo momento la integridad y dignidad de las personas. Dadas las condiciones violentas en que, en muchas ocasiones, son obtenidas las confesiones en el desarrollo del proceso penal, es necesario que la prueba confesional sea valorada en relación con otros medios objetivos de prueba.

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria señala que una encuesta global difundida por Amnistía Internacional en 2014, arrojó que 64 por ciento de los mexicanos temen ser sometidos a tortura si son puestos bajo custodia. Eso lo convierte en el segundo país donde el temor es más elevado, sólo por debajo de Brasil.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió entre 2010 y 2014, 7 mil 741 denuncias por malos tratos.

Existen, asimismo, indicios para suponer que esta práctica es muy recurrente a nivel estatal: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, calculó a partir de datos recopilados de instituciones estatales, que en México, se presentaron al menos 10 mil 400 denuncias de esta índole a lo largo de 2014.

De 2004 a 2014 los organismos públicos de derechos humanos del país registraron al menos 57 mil 890 quejas por detención arbitraria y más de 17 mil por tratos crueles, inhumanos y degradantes. Jalisco presentó el mayor número de apresamientos ilegales en 2014 (6 mil 153), seguido del Estado de México (4 mil 591) y el Distrito Federal, hoy CDMX, (4 mil 89).

Agrega que prácticas como la tortura, fabricación de culpables, extorsión a manos de agentes estatales y desaparición forzada, tienen como común denominador la detención ilegal y arbitraria de ciudadanos.

Menciona que a pesar de que México es parte de tratados internacionales que la prohíben, sigue ocurriendo. “De hecho, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas observó que la misma tiene carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales, siempre disponible cuando el desarrollo de éstas lo requiere”.

Por lo anterior, el diputado Jorge Álvarez Máynez puntualizó que es deber de los legisladores establecer un orden jurídico tan garantista como sea posible para brindar a la ciudadanía protección cada vez más amplia a sus derechos humanos; además, implementar mecanismos para combatir los altos índices de tortura.